Este verano de 2025 será recordado por los incendios que han asolado a buena parte del territorio español, siendo las regiones más afectadas Castilla y León, Asturias, Galicia y Extremadura. Los datos, a pesar de su frialdad intrínseca, resultan estremecedores.
Así, han quedado calcinadas por la acción de las llamas alrededor de 360.000 hectáreas de terreno boscoso, 5 personas han fallecido realizando tareas de extinción y más de 30.000 lo han perdido todo, hasta el punto de verse obligadas a abandonar sus hogares.
El 90% de los incendios en España están provocados por la acción directa del ser humano, unas veces por negligencia y otras, la mayoría, de forma intencionada. En consecuencia, tan solo el 10% de los incendios se deben a causas naturales, fundamentalmente tormentas secas y con menor frecuencia erupciones volcánicas. En consonancia con estos datos hasta el 25 de agosto 45 personas han sido detenidas en calidad de presuntos autores de los fuegos y 133 más están siendo investigadas por su presunta implicación en los mismos.
Según la Ley de Protección Civil el Estado está en la obligación de declarar el Nivel 3 de Emergencia ante catástrofes naturales de gran magnitud o que afecten a varias Comunidades Autónomas (CC.AA.). Ello implica que, cuando se cumplen dichas condiciones como es el caso que nos ocupa, el Gobierno español, por medio del Ministerio del Interior, está en la obligación de encargarse de la dirección y coordinación del conjunto de recursos y actividades puestos en marcha para minimizar en la medida de lo posible las deletéreas consecuencia derivadas de todo desastre medioambiental.
Como cabía esperar, Pedro Sánchez, al igual que hiciera en el caso de la DANA, ha eludido en todo momento sus responsabilidades, haciendo caso omiso de la ley, de tal forma que, por una mera cuestión de cálculo político, ha seguido una de sus habituales tácticas escapistas ante la resolución de problemas, con el objetivo de poner en el punto de mira a las CC.AA. incendiadas, dado que, al estar en su mayoría gobernadas por el PP, ello le podría resultar beneficioso en términos de intención de voto.
El planteamiento gubernamental es simple: teniendo en cuenta que las CC.AA. carecen de los recursos necesarios para enfrentarse con éxito a desastres naturales de gran magnitud, resulta evidente que si las dejamos solas inevitablemente fracasaran en su empeño y nosotros obtendremos un rédito electoral.
El problema de tan mezquino planteamiento es que un desastre natural no se puede enfocar de manera partidista, ya que están en juego no solo los bienes sino también la vida de innumerables personas, entre ellas la de los bomberos que se enfrentan al fuego a pesar del riesgo que ello conlleva.
La secuencia de hechos de forma esquemática es la siguiente: durante los primeros días después del comienzo de la ola de incendios P. Sánchez permaneció oculto, disfrutando de los encantos que proporciona una vida llena de lujos gratuitos en la Residencia Real de La Mareta.
A continuación, mientras los incendios avanzaban de manera inexorable dada la escasez de medios utilizados para hacerles frente, P. Sánchez decretó el Nivel 1 de Emergencia, dejando por tanto la lucha contra los incendios en manos de las CC.AA. y sin ayuda alguna por parte del Gobierno central.
Pocos días después, cuando el desastre ecológico y social ya era un hecho consumado y arreciaban las críticas al Gobierno, fue cuando P. Sánchez comenzó a movilizar efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como medios aéreos para ayudar a las CC.AA. a luchar contra los incendios y acto seguido se dignó a salir de su retiro estival para lanzar un discurso de cara a la galería y plagado de obviedades, anunciando que a primeros de septiembre propondrá una serie de medidas para luchar contra el cambio climático, lo cual es cualquier cosa menos novedoso, ya que es lo que viene anunciando prácticamente desde que inició su carrera presidencial sin que hasta el momento se conozca avance alguno en materia de protección medioambiental.
Entre estas medidas destaca la propuesta de establecer un “Pacto de Estado contra la Emergencia Climática” que incluya a las administraciones públicas, los sindicatos, las empresas y la comunidad científica, lo cual, obviamente, es la solución más fácil para no tener que afrontar un problema complejo, ya que, como demuestra la experiencia en relación a propuestas similares, tan solo constituye una declaración de intenciones, dado que ni tan siquiera incluye algún tipo de medidas concretas ni presupuesto alguno.
En consecuencia dicho pacto puede considerarse un brindis al sol, cuya finalidad última no es otra que vender humo para abrir los telediarios y acaparar las portadas de los periódicos. Pero es que además, teniendo en cuenta que España tan solo emite entre el 0,4% y el 0,6% de los gases de efecto invernadero, la cacareada acción contra el cambio climático por parte del Gobierno español no es otra cosa que un mediocre trampantojo de un individuo como P. Sánchez más preocupado por mantenerse en el poder que por solucionar los problemas reales de la ciudadanía.
De hecho si realmente quisiera luchar de verdad contra los incendios que cada verano destruyen miles de hectáreas de masa forestal lo primero que haría es invertir más en medidas de prevención de incendios, ya que, como señalan diversos organismos internacionales, extinguir un incendio cuesta entre 50 y 100 veces más que prevenirlo.
Sin embargo, resulta que desde que P. Sánchez es presidente del Gobierno el presupuesto del Estado destinado a la prevención de incendios ha sufrido un descenso del 48%, pasando de 225,2 millones de euros en 2018 a tan solo 115,8 millones de euros en 2025, una cifra que da cuenta del escaso interés que muestra el Ejecutivo socialcomunista en la lucha contra la destrucción de la naturaleza.
A su vez, se da la circunstancia de que, siguiendo al pie de la letra las disparatadas consignas de los ecologistas de salón y dando la espalda al conocimiento basado en la experiencia del campesinado rural, el Gobierno de P. Sánchez ha prohibido la tareas de desbrozamiento, eliminación de la maleza y creación de cortafuegos en los bosques, así como también las actividades de pastoreo propias de la ganadería extensiva, de tal forma que el bosque en su conjunto se convierte en una enorme mecha que provoca que cualquier fuego por mínimo que sea se propague a una velocidad de vértigo, afectando así a amplias extensiones de terreno.
Por último, cabe señalar que si las proclamas medioambientales de P. Sánchez no fueran una simple pose y tuviera una preocupación real por controlar las emisiones de CO2 a la atmósfera, el Gobierno socialcomunista, en lugar de destruir progresivamente al sector primario, habría llevado a cabo un plan de forestación y reforestación en el conjunto del territorio nacional, de tal forma que buena parte del CO2 sería absorbido del aire por las plantas para utilizarlo, junto con la energía solar y el agua, en la fotosíntesis, dando así lugar a la liberación de oxígeno a la atmósfera.
En definitiva, si ya teníamos pruebas más que evidentes de que la inmoralidad e incompetencia constituyen las indelebles señas de identidad de P. Sánchez, resulta que las catástrofes naturales, como la DANA y la ola de incendios forestales, han puesto de manifiesto que su obsesivo afán de poder también le impulsa a actuar con maquiavélica y criminal pasividad a la hora de hacer frente a las tragedias ajenas.
En cualquier caso no es necesario desesperar ante tanta ignominia, porque, como diría Fiodor M. Dostoievski, “Todo crimen lleva implícito su castigo”.
Rafael García Alonso (ÑTV España)
