Todas las asociaciones judiciales menos la izquierdista y minoritaria de Jueces y juezas para la Democracia han sufrido el cortocircuito del gobierno en su interlocución con la Comisión Europea.
Como es sabido, la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente llevan semanas alertando del riesgo de la Ley Bolaños para el estado de Derecho. Estos son sus puntos críticos:
- La puerta abierta a un cuarto turno sin más exigencia que 5 años de licenciado en Derecho rompe los principios de igualdad, mérito y capacidad y abre la puerta a la entrada de jueces por afinidad con el gobierno de turno.
- Que la Fiscalía asuma la instrucción y el control de la policía judicial sin garantías de autonomía e independencia quiebra la independencia del poder judicial y el estado de Derecho.
Por eso han convocado paros y concentraciones y convocaron una huelga los pasados 1, 2 y 3 de julio.
Pero además, han tratado de interlocutar con la Comisión Europea para trasladar la preocupación. Una inquietud que no es de los jueves sino de la sociedad española por el riesgo que supondría para el Estado de Derecho.
Lo llamativo es que el gobierno de Pedro Sánchez boicoteó ese encuentro. La excusa es que se trataba de asociaciones judiciales “de derechas” que no representaban el sentir de la carrera. La Comisión ‘compró’ el relato y vetó el encuentro cuando podía haber llamado también a Jueces y juezas para la Democracia.
En todo caso, los encuentros se produjeron igualmente, aunque de manera más discreta, en formato telemático y con menos nivel de interlocución.
La anécdota, sin embargo, es muy ilustrativa de varias cuestiones:
- El totalitarismo gubernamental que no tolera la disidencia y que cortocircuita su interlocución
- La pasividad de la Comisión Europea que prefiere silenciar a unos jueces que se manifiestan en defensa del estado de derecho por indicaciones de un gobierno
- La gravedad del asunto y la capacidad de la Comisión Europea para revertir la situación
Tras la debilidad de Ursula von der Leyen, cuestionada esta semana por su presunta corrupción, quizás es hora de que la Comisión empiece a tomar cartas en el asunto como hizo en su momento en Polonia y Hungría.
Y atentos, porque este 15 de julio está prevista la sentencia del TJUE sobre la Ley de Amnistía y se prevé un zarpazo de órdago que puede ser utilizado por el Supremo para poner en su sitio a Pumpido y a los otros 5 magistrados del TC que retorcieron la carta Magna para hacerla decir lo que nunca dijo.
Llueve sobre mojado porque la UE ya afeó esta semana el escaso compromiso del gobierno en la lucha contra la corrupción y la Comisión sancionó con la congelación de fondos europeos por no trasponer y aplicar adecuadamente las directivas comunitarias. ¿Lealtad?
¿Intervendrá de una vez el gobierno europeo para garantizar el estado de Derecho en un país relevante como es España?
Luis Losada Pescador (Actuall.com)
