La clave de todo está en los hidrocarburos. Presuntamente la trama de la ‘rosa nostra’ traería petróleo barato -o gratis a cambio de apoyo político- de Venezuela. Entraría en España sin que presuntamente Puertos -dependiente de Ábalos- registrara la entrada. Si no entraba la mercancía, CLH tampoco la registraba. Por eso Aldama dice que se comprobará en los registros de CLH que no hubo entrada ilegal.
Después se distribuiría en gasolineras independientes a un precio más bajo. Todos contentos. Y lo más importante, presuntamente no se abonaría ni el IVA ni el impuesto de Hidrocarburos. Para ello era necesario que Hacienda mirara para otro lado. Y los inspectores de Hacienda ya apuntan al presidente del tribunal Económico-Administrativo, José Antonio Marco Sanjuán, número tres del ministerio de María Jesús Montero. ¿Será?
El negocio debió de ser tan redondo que parece que se han multiplicado los listos. La UCO alerta de 10 casos como el supuesto caso Aldama.
Esta es la presunta madre de cordero, la que explica el ‘Delcygate’, que el gobierno montara una cena con prácticamente todo el Ejecutivo con la vicepresidenta venezolana y que se arriesgaran a incumplir un mandato europeo. Y la garantía de una financiación casi sin límite para el partido, que según Aldama recibía parte de los fondos.
Por lo demás, en el capítulo de la corruP$OE, el ‘hermanísimo’ dimite de su puesto en la Diputación de Badajoz después de que la juez concluyera que todo parecía apuntar a que su puesto fue creado para él. En realidad, dimite de su sueldo, porque trabajar no trabajaba demasiado. No sabía ni donde estaba su oficina ni quiénes formaban parte de su equipo…
Quizás porque su verdadero trabajo era el descrito más arriba. Y quizás por eso el pueblo portugués de Elvas era el que albergaba no sólo su residencia sino varias sociedades de la trama.
Y más. Ok Diario publica que Begoña recibió 55.875€ por unos masters que sólo tuvieron 8 alumnos. El dinero público no es de nadie, que decía Carmen Calvo…
Y a todo esto hay que sumar el ‘papelón’ de la Fiscalía del Supremo criticando de “desproporcionada” la entrada en el despacho del Fiscal General por parte de la UCO y criticando de “inconstitucional” al juez, según la exclusiva de El País. Tan bochornoso que hasta los fiscales progresistas empiezan a marcar distancias. Porque todo apunta a que fue el propio García Ortiz quien dio la orden directa de acceder a los datos del novio de Ayuso. Y porque -encima- el Fiscal General se permitió decir en su juicio que borró “por imperativo legal” debido a los datos “ultrasensibles” que tenía. Todo después de que los responsables de seguridad informática certificaran que no existe protocolo de borrado ni obligación legal alguna. “No puedo darme el lujo de que mi móvil llegue a terceros”, dijo. ¿A quién pretende engañar?
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Y ya tenemos el vínculo entre la trama de hidrocarburos con Begoña… el círculo se cierra…
Luis Losada Pescador (Actuall.com)
