El anteproyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros para reducir la jornada máxima en España a 37,5 horas semanales carece tanto del mínimo consenso de los agentes sociales como de los apoyos parlamentarios suficientes, además de haber generado una nueva grieta en el seno del Gobierno de coalición.
Una fractura que se ha saldado, de momento, con la imposición del criterio de máximos de Yolanda Díaz frente al más medido y razonable modelo que defendía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Como publicamos hoy, la vicepresidenta segunda pretende negociar directamente con Carles Puigdemont, sin la mediación del PSOE, lo que añadiría opacidad a la completa incertidumbre que ya planea sobre esta medida.
Aunque, en sí misma, la reducción de jornada puede ser tolerable en algunos sectores, imponerla de golpe al conjunto del mercado laboral y sin acompañar a las empresas sería un error que lastraría la productividad y dañaría sobre todo a las pymes, que representan el 90% de nuestro tejido empresarial.
Al renunciar a la gradualidad, no diferenciar por áreas de actividad y no contar con los empresarios, el Gobierno de Pedro Sánchez entrega una bandera social a Díaz, cada vez más debilitada en las encuestas, en detrimento de la racionalidad y el diálogo imprescindibles para una transformación que golpeará a sectores como el comercio, la hostelería o la construcción.
Al margen de la frivolidad que supone introducir una modificación sustancial de las relaciones laborales por motivos electoralistas, es improbable que el anteproyecto salga adelante en su actual redacción. Presionado por las dos principales patronales catalanas, Foment del Treball y Pimec, Junts ha advertido al Gobierno de que no cuenta con apoyos suficientes y tendrá que pactar.
Ante este complicado escenario, Díaz pretende esquinar una vez más a Cuerpo, a quien ya dedicó un aluvión de ataques cuando trató de reconducir las conversaciones con los empresarios. El ministro de Economía intentará ahora introducir un plan de acompañamiento a las empresas, pero la líder de Sumar ha pedido negociar personalmente con Puigdemont.
Lejos de esta clase de maniobras, que evidencian la enorme debilidad del Gobierno de coalición, la vía adecuada para reducir la jornada laboral sería empezar por mejorar la productividad, y esa es la dirección a la que debería dirigir el Ejecutivo sus esfuerzos.
En lugar de ello, lo que predomina es una atmósfera que demoniza una vez más a los empresarios y a la oposición, como ha demostrado la vicepresidenta segunda al pedir al PP que vote a favor de su anteproyecto «para reconciliarse con los trabajadores». Acorralado por varias investigaciones judiciales, el Gobierno intenta tomar algo de oxígeno.
La alianza imposible de socios con intereses contrapuestos que sostiene a Sánchez en La Moncloa obligará, sin embargo, a revisar con toda probabilidad el texto. La reducción de jornada es una medida deseable para muchas personas, pero no puede convertirse en un nuevo elemento de polarización a costa de la productividad y la supervivencia de las pymes.
El Mundo
