El código penal considera organización criminal a la agrupación formada por más de dos personas, con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.
La Justicia anda detrás de una organización criminal enquistada en el poder. La conciencia de los servidores de la Ley está enquistada también con los desmanes ilimitados de superiores políticos que, es evidencia mundial, actúan como capos.
En el tráfico de drogas participan los que las transportan, pero también los que fingen impedirlo, y los que lo hacen a mínimos, o procuran que los medios para impedirlo sean los mínimos, como Marlaska, cuando disolvió la unidad Ocon Sur de la Guardia Civil, que había acabado con el narcotráfico del estrecho de Gibraltar.
En Valencia hubo mercenarios que se ocuparon de manipular los radares meteorológicos para llevar el frente de la borrasca a su destino y sostenerlo allí dejando precipitaciones torrenciales.
Otros mercenarios se ocuparon de mantener los pantanos llenos, cuando deberían haberlos vaciado, y vaciarlos en el momento adecuado para aumentar los daños.
Otros, políticos y altos cargos militares, se ocuparon de dar las órdenes necesarias para que las unidades de bomberos y Fuerzas Armadas incumpliesen su más sagrado deber de salvar vidas. Otros mercenarios, en fin, obedeciendo órdenes igualmente criminales, se ocuparon de dificultar e impedir a los voluntarios suplir esas carencias.
Con los incendios ha pasado exactamente igual. Unos mercenarios, con uniforme del SEPRONA de la Guardia Civil, se ocuparon de que los montes estuvieran a punto de incendio, multando a quienes los intentaban limpiar, como se hizo toda la vida. Otros mercenarios se dedicaron a pegar fuego a los montes.
Otros mercenarios, políticos, impidieron que hubiera medios suficientes de lucha contra incendios, reduciendo los presupuestos, o retrasando el empleo de los escasos medios que hay. Finalmente, están, como en Valencia, los mercenarios que impiden o dificultan el trabajo de los voluntarios que intentan suplir esas carencias. En este caso, al tratarse de zonas rurales, la Guardia Civil.
En todos estos delitos concertados aparece siempre la Guardia Civil, cuya función debería ser exactamente la contraria, impedir el delito.
En suma, que en esta organización criminal que ha secuestrado el Estado español, como en todas las demás, cada integrante comete sólo una pequeña parte del delito, ignorando el plan completo, pero obedeciendo órdenes que resultan ser cruciales para la perpetración del delito.
Y al final siempre hay muertos.
La Guardia Civil no es una organización criminal aunque debería reflexiona que cumple órdenes derivadas de un complejo entramado de criminalidad expuesto ya ante el mundo entero.
¿Conclusiones? Que cada uno saque las suyas.
Fiat iustitia, ruat caelum.
Hágase justicia, aunque se hunda el cielo.
Galo Dabouza (ÑTV España)
