Después de los letrados de la administración de Justicia y de los funcionarios judiciales, los jueces y fiscales han anunciado sus propias huelgas a partir del 16 de mayo. Los funcionarios judiciales, con sus paros parciales a diario, están provocando en estos días la suspensión de miles de actuaciones procesales, que se suman a los también miles de vistas y juicios que fueron cancelados por la huelga de los secretarios.
En total, todo asciende a más de un millón. La Justicia ha entrado así en una pendiente de conflictividad que pone al ciudadano como destinatario último de todos los perjuicios que causan los paros judiciales. Esta es una realidad que discurre al margen de que las causas de los huelguistas sean más o menos justas.
El hecho indiscutible es que el deterioro de la actividad judicial se acentúa con más inestabilidad y retrasos, perjudicando los derechos de los ciudadanos a que sus pleitos se resuelvan en un plazo que hace mucho que dejó de ser razonable.
Jueces y fiscales denuncian la falta de respuesta del Ministerio de Justicia a una situación retributiva que está paralizada desde 2010, sin revisiones ni actualizaciones para recuperar el poder adquisitivo desde el Gobierno de Zapatero.
En este sentido, su reivindicación no resulta temeraria y era más que previsible que se acentuara después de que los letrados judiciales lograran la revisión de sus nóminas. Por esto mismo, porque el estado de opinión en el mundo judicial es de incomodidad e insatisfacción desde hace tiempo, incluso con Gobiernos anteriores de PSOE y PP, los ministerios de Justicia y de Hacienda deben esforzarse por alcanzar un acuerdo conjunto.
La táctica empleada por el departamento de Pilar Llop de emponzoñar la huelga de los antiguos secretarios judiciales con motivaciones políticas fue un fracaso y no debería incurrir en el mismo error con los jueces. La próxima semana se reúne la ‘mesa de retribuciones’ que acoge a todos los implicados.
Es una oportunidad para dar una solución justa a jueces y fiscales, cuya voluntad mayoritaria es ir a la huelga si fracasan las negociaciones. Las asociaciones progresistas de ambos cuerpos de funcionarios comparten la reivindicación salarial, pero no se atreven a apoyar el paro convocado por sus compañeros de otras asociaciones.
La Justicia en España, además de ser un servicio esencial, es el enfermo crónico del Estado. Está sometida a un carrusel permanente de reformas legislativas en todos los órdenes, de organización de tribunales y de leyes procesales.
Hay pendientes ahora mismo en el Congreso importantes proyectos que afectan directamente a la administración de Justicia. Sin embargo, parece condenada a vivir un estado permanente de incapacidad para dar respuesta diligente a las demandas de los ciudadanos.
No sería justo, en absoluto, culpar de esta situación a unos jueces cuya plantilla es corta a la vista de la litigiosidad que se produce año tras año; cuya retribución no se corresponde con la alta responsabilidad que tienen asignada; y que cuentan con oficinas judiciales precarias y poco formadas, en todo caso insuficientes para prestar el apoyo que requiere una justicia eficaz y eficiente.
Hay que hablar de retribución, por supuesto, pero también de medios, como los que tiene Hacienda, de prestigio social, de respeto político –el que no practican los ministros que insultan a los jueces que no juzgan como quieren– y de lealtad constitucional, por ejemplo, para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Subir más o menos unas nóminas no aborda el problema estructural de una administración de Justicia que, en muchas ocasiones, recibe la desconfianza de los ciudadanos por culpas que le son ajenas.
ABC
