La presunción de inocencia es un principio básico e incuestionable del estado de derecho. Como lo es, también, la persecución de los delitos de corrupción sea quien sea quien incurre en prácticas ilícitas. La investigación de la trama Azud comienza a presentar muchos signos que parecen apuntar a prácticas delictivas o, cuando menos, muy poco ejemplares por parte de responsables políticos del PSPV.
A falta de que se resuelvan algunos hechos que todavía son meros indicios, y a la espera de que exista resolución judicial en firme, no deja de resultar llamativo que sea precisamente en la Comunidad Valenciana donde encontramos al Partido Socialista salpicado por usos que recuerdan, en el fondo y en la forma, a otros casos de corrupción como el caso Gürtel, que fueron empleados por los socialistas para convertir la lucha anticorrupción en una bandera política.
La empresa Sitra S.L, según consta en un informe de la UCO de la Guardia Civil, habría pagado una amplia gama de productos promocionales del PSOE valenciano en las elecciones municipales de 2007 y en las generales de 2008. Una de las prácticas perseguidas por la ley de financiación de partidos políticos es, precisamente, que un tercero asuma parte de los gastos de una campaña electoral. Siempre según este informe de la Guardia Civil, Sitra habría costeado hasta 108.344 euros de los 332.588 euros totales que facturó la empresa Cronosport, dedicada al ‘merchandising’. Estos hechos se inscriben en el marco de las investigaciones del caso Azud que investiga la presunta financiación ilegal y la caja B del PSPV.
Sitra es una empresa dedicada a aportar tecnología y servicios para la gestión eficiente y sostenible del agua en la industria. De acuerdo con el registro oficial de licitaciones, entidades que dependen del Partido Socialista figuran entre sus principales clientes.
Por ejemplo, Sitra fue beneficiaria de una adjudicación por parte de Mercavalencia, cuyo accionista mayoritario es el ayuntamiento de la capital levantina. En aquel tiempo, el titular de la alcaldía era Joan Ribó, de Compromís, quien gobernaba la ciudad con el apoyo del Partido Socialista.
A este contrato público debemos sumarle también la concesión por un año prorrogable a tres más para el servicio de prevención, tratamiento, control y erradicación de la legionela en dependencias municipales en Vall de Uxó. Esta población de Castellón tenía de alcaldesa a la también socialista Tania Baños. El Aeropuerto de Castellón, gestionado por la Generalitat valenciana, es, a su vez, un cliente habitual de la empresa Sitra.
Cabe recordar que la gravedad de un delito no depende de quién lo comete. De hecho, parece claro que deberían ser los propios partidos políticos los que vigilasen con especial acribia la conducta de quienes se desempeñan bajo sus siglas.
Por este motivo, sorprende la falta de interés con la que Ximo Puig parece despachar el curso ascendente de una colección de noticias que comprometen la ejemplaridad de quienes asumieron responsabilidades políticas en su partido no hace demasiado tiempo.
Es más, puesto que desincentivar las conductas ilícitas no es sólo un propósito que deba ejercerse retrospectivamente sino que es una responsabilidad en presente y a futuro, la reciente rebaja del delito de malversación vuelve a demostrar su condición contradictoria con respecto a una misión que debería resultar tan obvia como prioritaria para toda la clase política.
ABC
