La situación de José Luis Ábalos es tan insostenible que incluso sus compañeros de partido han creído oportuno dejarlo caer para intentar frenar la hemorragia derivada de la detención de Koldo García Izaguirre.
Según se van conociendo nuevos datos de la investigación, la implicación del exministro de Transportes y su proximidad con la trama de corrupción hacen insostenible que mantenga, a día de hoy, su acta de diputado. A falta de que puedan derivarse consecuencias jurídicas, la responsabilidad política resulta ineludible para Ábalos.
El conjunto de la prueba es tan bochornoso y la circunstancia global en la que se ha visto rodeado es tan incompatible con la diligencia esperada en un representante público que el exministro debe dimitir de su escaño y ofrecer todas las explicaciones que estén en su mano.
Es más, el PSOE, que confía en que su marcha pueda servir de cortafuegos, debería haber ejecutado ya su expulsión del grupo parlamentario. A pesar de los contactos permanentes, nadie ha exigido a Ábalos su dimisión.
La probada responsabilidad política, por comisión o ‘in vigilando’ de Ábalos, no hace sino amplificar el alcance de una trama de corrupción que supera, con mucho, el precedente del Tito Berni. En esta ocasión hablamos de una colección de ilícitos que atañen a más de una veintena de personas y que alcanzan cifras millonarias.
El atronador silencio de las administraciones implicadas, con personas tan importantes como Francina Armengol, tercera autoridad del Estado, empieza a suponer un problema de credibilidad para el propio Gobierno.
Un Ejecutivo que, por cierto, promovió rebajar las penas por el delito de malversación lo que, de algún modo, contraviene la narrativa de ejemplaridad que ha intentado proyectar desde hace tiempo. Igualmente comprometida es la circunstancia de Ángel Víctor Torres y de su jefe de gabinete, quienes contrataron la compra de material sanitario con la empresa investigada, de Fernando Grande-Marlaska o del propio Salvador Illa.
