Desde que estalló el escándalo con el que Koldo García Izaguirre, antiguo asesor y ‘alter ego’ de José Luis Ábalos, ha comprometido al Gobierno y a distintas autonomías gobernadas en su día por el PSOE, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no ha dado ni una sola explicación creíble. Lo máximo que hizo días atrás es mostrarse «indignadísima» en los pasillos del Congreso.

Pero no ha habido ni una sola declaración institucional de quien ocupa la tercera autoridad del Estado, ni una mínima explicación para preservar al Parlamento de la grave crisis reputacional con la que su imagen se ve afectada.

Como mínimo, Armengol debería contestar a diez preguntas básicas en su calidad de expresidenta socialista de Baleares. De hecho, fue entonces cuando la trama organizada por el hombre de confianza de Ábalos fue privilegiada con contratos millonarios para comprar mascarillas durante la pandemia.

Unas mascarillas que, después, resultaron inservibles y se almacenaron inexplicablemente sin que el Gobierno balear exigiese responsabilidades hasta tres años más tarde, justo cuando Armengol supo que perdía el poder.

Armengol debe explicar quién recomendó la red de comisionistas al Gobierno balear para recibir adjudicaciones con tanta rapidez, sin contratos al uso y sin experiencia previa en la importación de material sanitario.

Debe aclarar si Ábalos habló con ella, o le hizo llegar algún tipo de sugerencia, para el otorgamiento de esos contratos. Y por qué tardó esos tres años en reclamar el importe de unas mascarillas que resultaron ser inútiles.

¿Por qué el Gobierno balear terminó cargando el dinero de esos contratos a las partidas de los fondos europeos sin informar a Bruselas de que el envío había sido fraudulento? ¿Por qué Armengol, después de decir públicamente que está «indignadísima» añade que «lo volvería hacer» exactamente igual, con el argumento de que en definitiva su intención era salvar vidas?

Armengol ha de explicar qué sabía de las conversaciones entre miembros de la trama para que Ábalos hiciese presuntas gestiones directas para que el Gobierno balear renunciase a reclamar a las empresas el importe de aquel envío de mascarillas ‘fake’.

También, y como publica hoy ABC, está obligada a aclarar por qué si el Ejecutivo balear tardaba una media de 43 días para pagar a sus proveedores, tardó solo seis con la organización empresarial de Koldo García.

Y finalmente, por qué expidió un informe de buenas referencias sobre la empresa Soluciones de Gestión, declarando satisfactorias las entregas de mascarillas a sabiendas de que no era así, y con el único objetivo de que Koldo y sus socios tuviesen la puerta abierta a otros concursos públicos.

A nada de todo esto ha respondido Armengol, y tampoco se conoce si se está planteando renunciar como presidenta del Congreso. Todas esas preguntas emanan de un procedimiento judicial y no son invenciones de la Prensa.
La necesidad de que Armengol asuma responsabilidades políticas empieza a ser evidente, más allá de que sea prematuro contemplar responsabilidades jurídicas, que solo corresponden dirimir a la Justicia.
Pero ahora mismo, la tercera autoridad del Estado no debe vivir bajo la creciente sospecha de ser partícipe, por acción o por omisión, de un escándalo de corrupción. Cuanto mayor es la entidad del cargo público que se representa, mayores han de ser las responsabilidades aparejadas a su relevancia institucional y a la exigencia de ejemplaridad.
Si se es la tercera autoridad del Estado, el listón de exigencia debe estar a una altura proporcional que impida salpicar o dañar en lo más mínimo a esa institución. Y si es la sede de la soberanía nacional, con más razón.
ABC

 

Categorizado en:

Política,

Última Actualización: 13/06/2024

Etiquetado en:

,