El Congreso de los Diputados acogió ayer una sucesión de acontecimientos que reflejan con precisión y nitidez cuál es la pauta que está aplicando el Gobierno y, particularmente, Pedro Sánchez, para garantizar su supervivencia política. La Cámara Baja refrendó por mayoría absoluta, no cualificada, a los candidatos propuestos por el PSOE y sus socios de gobierno y legislatura para el consejo de administración de RTVE.
La irrupción masiva de la izquierda en este órgano directivo de los medios de comunicación del Estado era una prioridad tan indeclinable para el Gobierno que la primera votación tuvo lugar el miércoles pasado, cuando el Congreso canceló toda su actividad parlamentaria, menos esta, con motivo de la trágica DANA que asoló Valencia. Un acto indigno, pero revelador de una obsesiva fijación por la expansión del control político del Ejecutivo.
En el mismo día en que Sánchez y sus socios se daban el premio del consejo de administración de RTVE, la Comisión de Hacienda del Congreso suspendía por segunda vez la votación sobre el proyecto de ley que debe transponer en España una directiva europea para unificar la tributación a empresas multinacionales y nacionales de gran magnitud.
Las discrepancias entre los socios de Sánchez están haciendo imposible que el Gobierno saque adelante este proyecto, que el bloque de extrema izquierda (Sumar, Podemos, ERC y Bildu) quiere aprovechar para perpetuar los impuestos extraordinarios a la banca y a las empresas energéticas.
El PSOE, sin embargo, pactó con el PNV y con Junts eliminar el impuesto a las energéticas, lo que los demás socios de Sánchez no aceptan. Entre tanto, 2024 entra en su recta final y sigue sin haber proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, por segundo año consecutivo, lo que debería de llevar a un gobernante honesto a convocar elecciones.
Lo que está sucediendo con las instituciones del Estado empieza a cobrar sentido como una estrategia de protección para el postsanchismo, más que como una dinámica de renovaciones leales en sus órganos directivos. Sólo el Consejo General del Poder Judicial ha escapado a este agujero negro en que Sánchez ha convertido el ejercicio del poder, gracias a la mediación de la UE y a la emancipación de sus vocales a la hora de elegir a Isabel Perelló como presidenta de la judicatura española.
En los demás órganos arbitrales o directivos del Estado –Fiscalía General, TC, CIS, comisiones reguladoras, Banco de España y, ahora, RTVE–, Sánchez ha aplicado una política de asentamiento ideológico para sustraer esas instituciones de su normal funcionamiento y someterlas, en la actualidad, al servicio de su Gobierno, y en el futuro, a que actúen como incubadoras de oposición a un posible ejecutivo conservador o a una sucesión de investigaciones judiciales por responsabilidades legales de toda índole.
Una estrategia de impunidad a largo plazo.
ABC