El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pondrá fin a sus vacaciones realizando del 27 al 29 de agosto una gira por África que incluye Mauritania, Gambia y Senegal con el fin de recordar a estos países sus compromisos con España y la Unión Europea al ser fuente de la inmigración ilegal que es aprovechada por las redes de trata de personas. La visita se produce en plena crisis migratoria del verano.

Al día 15 de agosto, el Ministerio del Interior ha registrado la llegada, por tierra y por mar, de 31.155 personas, un 66 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Las cifras oficiales revelan un cierto efecto escalón debido a que la contención de la inmigración ilegal por las rutas que afectan a España en el verano de 2023 fue particularmente exitosa.

Y este mismo año, las estadísticas aún no recogen los aumentos propios del verano, cuyo clima favorece particularmente la llamada ruta canaria y la que parte de Libia, que suele derramar su carga en las costas de Baleares o de Alicante.

Y es precisamente en Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana y Andalucía donde el presidente del Gobierno podía haber puesto pie para comprobar las condiciones en que estas comunidades autónomas están haciendo frente al problema. Allí podría comprobar en persona que la principal queja es la falta de recursos que su Gobierno tiene retenidos para financiar la gestión de los inmigrantes.

Todas estas regiones están gobernadas o coadministradas por el Partido Popular, el que ha tendido la mano a Sánchez para ponerse de acuerdo en los cambios legales y administrativos que permitan que toda España comparta los costes económicos y sociales de este asunto.

Toda, con la destacada excepción de los socios catalanes del presidente del Gobierno, que han expresado claramente que no desean ser parte de la solución. Sánchez no ha arriesgado ni un ápice de su capital político frente a Junts y ERC, para no complicar la investidura de Salvador Illa en Cataluña. El PP, en cambio, ha llevado su responsabilidad de partido de Estado en este asunto hasta el punto de haber perdido el apoyo de Vox en las comunidades autónomas en que gobernaban juntos.

El presidente del Gobierno sabe que la inmigración ilegal es un asunto que despierta múltiples reacciones en la sociedad española, especialmente diversas desde el centro a la derecha. Por eso, esta gira por tres países africanos emisores no puede acabar siendo parte de otra de sus estratagemas políticas para ganar tiempo y evitar tener que explicarle a los españoles cuál es la razón de fondo que inspira su permanencia en La Moncloa, sino que tiene que producir resultados concretos.

De otro modo, habrá quedado claro que su única intención es, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, instalar en los medios de comunicación un asunto que polariza a la opinión pública, pero que no resuelve nada. Así lo ha hecho en el pasado con las leyes de memoria histórica y con los temas que se asocian con las llamadas guerras culturales.

España, al igual que el resto de Europa, debe asumir que, con la baja natalidad que su población ha elegido, se ha convertido en un país receptor de inmigración cuando hace sólo treinta o cuarenta años era fuente de la misma.

Pero esta migración debe ser segura y ordenada, lo que es lo mismo que decir legal. Nada corroe más las bases de la convivencia de una sociedad que comprobar día tras días que la vulneración de las normas tiene premio.

A partir de ahí, el terreno está abonado para cualquier demagogia.

ABC

Categorizado en:

Política,

Última Actualización: 20/08/2024

Etiquetado en:

,