El caso Koldo ha tenido un enorme efecto desestabilizador en el Partido Socialista. La investigación de quien fuera custodio de los avales de Sánchez en las primarias de 2017 y hombre de confianza de dos secretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, está obligando a los socialistas a improvisar un argumentario que resulta cada vez más inverosímil.

Ante una investigación en curso que no deja de arrojar información comprometedora y que atañe, también, a personas principales del partido, el PSOE está intentando proyectarse como ejemplarmente comprometido con la lucha anticorrupción.

Sería injusto imputar a la actual dirección el histórico de precedentes judiciales protagonizados por socialistas durante las últimas décadas. Sin embargo, sólo bajo el liderazgo de Pedro Sánchez existen suficientes ejemplos como para desacreditar la fingida pulcritud con la que el PSOE intenta eclipsar el caso Koldo.

La económica sólo es una de las formas en las que se declina la corrupción, y ni siquiera la más grave. Desde una perspectiva orgánica, muchos en su partido todavía recuerdan la maniobra de Sánchez en 2016, cuando, con una urna improvisada tras un biombo, intentó forzar la celebración de un congreso extraordinario.

Finalmente, aquel ardid antidemocrático acabó en una derrota, pero sentó un precedente que preludió la personalidad política del presidente del Gobierno. Otro síntoma que también exhibe el talante de Pedro Sánchez ante la corrupción lo encontramos en su tesis doctoral o en su posterior libro ‘La nueva diplomacia económica española’, documentos que, como demostró ABC, reproducían literalmente textos de otros autores y que no superarían ningún estándar académico.

Estos precedentes remotos encajan coherentemente con lo que posteriormente ha sido la deriva del sanchismo. Pocos acontecimientos resultan más contrarios a la imagen de ejemplaridad que intenta proyectar el PSOE que la rebaja de las penas del delito de malversación pactado con sus socios parlamentarios.
Un partido que es capaz de adaptar las penas a los intereses de quienes delinquieron y de legislar de su mano ni tan siquiera irónicamente podría considerarse un modelo legítimo en la lucha contra la corrupción.
Es más, la actual legislatura se sostiene sobre un pacto en el que el presidente del Gobierno ha consentido convertir el Código Penal en moneda de cambio para poder perpetuarse en el poder, celebrando a la vista de todos una transacción de intereses personales en la que se intercambió una investidura a cambio de impunidad jurídica. En el proyecto de amnistía, y a pesar de que se prometió lo contrario, también se incorporaron los delitos que atañen a la corrupción económica.

Sin salir del período en el que Pedro Sánchez ha sido secretario general podríamos seguir refiriendo otros ejemplos, como el amparo brindado a dos políticos condenados por malversación de caudales públicos como son Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En lo que atañe al caso Koldo, el rito sacrificial fallido en torno a la figura de José Luis Ábalos vuelve a demostrar la escasa diligencia con la que el PSOE ha decidido gestionar un escándalo que potencialmente puede seguir creciendo.

Son muchas las explicaciones que, a la luz de lo ya publicado, deberían dar personas de tanta relevancia como Ángel Víctor Torres, Francina Armengol o Salvador Illa. En lugar de proyectar una imagen inverosímil ‘de ejemplaridad, el presidente del Gobierno debería asumir en primera persona la rendición de cuentas del caso, ya que muchos de los implicados son personas de su círculo de confianza más estrecho.

ABC

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Última Actualización: 13/06/2024

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