Tras la campaña electoral del País Vasco, el PSOE ha tardado menos de veinticuatro horas en considerar a EH Bildu un partido democrático, por boca de la portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña, y menos de cuarenta y ocho en expedir otro pago a la formación aberzale.

Nadie podrá imputar a los socialistas especial recato o disimulo, ya que en el Consejo de Ministros celebrado ayer se aprobó crear tres comisiones «de estudio y técnicas» enmarcadas en la ley de Memoria Democrática.

Entre ellas, la que estudiará si existió vulneración de los derechos humanos de personas «por su lucha por la consolidación de la democracia» entre los años 1978 y 1983. Lo relevante de la comisión no es tanto su objeto como su extensión, que rebasaría el tiempo de la dictadura franquista hasta adentrarse en el período plenamente democrático y constitucional.

Este paréntesis temporal no es casual y se distingue por ser uno de los puntos más frágiles y polémicos de la ley. Durante su tramitación, Unidas Podemos introdujo una enmienda para prolongar la memoria democrática hasta el año 82, cuando fue investido presidente Felipe González.

Aquella propuesta vendría a impugnar de facto la Transición Española, en coherencia con la obsesión que siempre han demostrado los de Pablo Iglesias contra nuestro pacto constitucional. Un acuerdo civil que ellos, despectivamente, denominaron ‘candado del 78’.

El envite de Podemos fue superado por el órdago de Bildu, que exigió extender la ley de Memoria Democrática hasta el año 1983, una solicitud que el PSOE atendió sin resistencia, deformando y subvirtiendo el espíritu de una norma que debería estar llamada a procurar, además de la justicia y la reparación, una reconciliación entre españoles.

Tal y como se lee en su preámbulo, la polémica norma pactada con los aberzales estaría destinada a promover la «memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista».
Por puro respeto a esas víctimas de la contienda civil, sean del bando que sean, y de la dictadura posterior, constituye una deslealtad histórica injustificable prolongar el objeto de esta legislación durante el primer lustro democrático. Salvo que se intente, claro, deslizar una sombra de sospecha sobre el momento constituyente y sobre las bases fundacionales de la convivencia democrática española, objetivos explícitamente declarados por los socios de Pedro Sánchez.

El propósito de los de Otegi no es otro que deslegitimar el consenso democrático, algo que no debería sorprender en una formación que ni oculta su agenda ni disimula su complicidad con la violencia totalitaria.

Lo preocupante es que el PSOE esté dispuesto a sacrificar su propia memoria y su dignidad como partido, ya que con esta ley y con la comisión que ayer se aprobó estarían cuestionando no sólo la democracia, sino también los primeros años de gobierno de Felipe González.

Que los socialistas estén dispuestos a dilapidar su patrimonio histórico para satisfacer a Bildu es, sin duda, un signo del proceder de Sánchez. Pero que consientan debilitar el relato constituyente para conservar los apoyos de los herederos políticos de ETA es, además de un gesto de dudosa dignidad política, un atentado contra la memoria de quienes sí fueron víctimas reales y que requerirían un amparo legislativo específico y consensuado.

De todos los pactos de investidura del Partido Socialista, las condiciones que sirvieron para recabar el apoyo de Bildu siguen sin hacerse públicas.

Desafortunadamente, con el avance de los meses, las concesiones del PSOE se van desvelando con perfecta puntualidad…

ABC