Las novedades del llamado ‘caso Montoro’ son inquietantes. Por una parte, la UCO se negó a realizar los registros reclamados por el fiscal por entender que no había indicios para ello. ¿Caso prefabricado por la fiscalía?, ¿de quién depende?
Por otra parte, resulta que Hacienda cierra varias inspecciones políticas desde que estalló el caso Montoro. Que nadie diga que Hacienda opera con criterios políticos. ¿Cabe más autocracia? Prohibido disentir…
No obstante, todo lo que hemos conocido es muy preocupante: un tercio del Inex pagó 13 millones de euros a la empresa de Montoro. El ex ministro trató de rentabilizar sus relaciones políticas facilitando encuentros y proponiendo reformas legislativas, enmiendas a decretos, etc.
Exactamente el mismo trabajo que realizó Soraya Saenz de Santamaría para Cuatrecasas durante unos años. Y el mismo que realiza Zapatero como enlace de Venezuela. Y el mismo que realiza Pepiño Blanco y su consultora Acento.
¿Lícito o ilícito? Cobrar por intermediar con los políticos y defender determinados intereses es legítimo siempre que sepa y que tanto el encargo como la remuneración sean transparentes. ¿Para cuándo una regulación de la Ley de Lobbies?
Luis Losada Pescador (Actuall.com)
