El gobierno habla de medio millón de inmigrantes irregulares los que podrán beneficiarse de la regularización. Funcas -sin embargo- calcula que serán cerca de 840.000. Pero Sanidad tiene registrados 1.200.000 irregulares.
Porque a los inmigrantes ilegales hay que sumar los que han pedido asilo. Y a todos ellos hay que aplicar el coeficiente de reagrupación familiar. Es decir, probablemente dos millones.
Las consecuencias son obvias. A la ya saturada sanidad pública se le mete una presión insalvable. Los servicios sociales se ‘expropian’ a los nacionales ante la llegada de otras personas más necesitadas. Los alquileres se disparan porque no queda techo para acoger a tanta gente. No hay suelo ni libertad para crearlo ni tampoco el vuelo se improvisa. Pero eso sí, el PIB sube porque todo el mundo come. Bien o mal, pero come, gasta luz, calefacción y móvil. Y más consumo es más riqueza.
Sin embargo, los salarios se descreman. Se calcula en un 0,6%. Si tenemos en cuenta que llevan años estancados, la inflación y la no deflactación de la tarifa, el resultado es una preocupante pauperización de la clase media.
Es verdad que el gobierno ha corregido el escándalo de aceptar la declaración responsable de buena conducta; ahora exigirá el certificado de no contar con antecedentes penales. ¿Tampoco policiales? la policía se queja de haber sido apartada del proceso.
En todo caso, el beneficiario deberá de presentar su expediente de limpieza de antecedentes y el gobierno se presta a colaborar reclamando a la embajada la documentación. ¡Qué maravilla! El gobierno al servicio de los ciudadanos… ilegales.
¿Y qué pasa si en tres meses la embajada no contesta? Nada. No será expulsado. Es decir, será regularizado de facto. O sea, el mismo resultado, pero disimulando.
¿Y todo esto para qué? En primer lugar para mejorar la economía, aunque sea artificialmente, aunque sea a costa de los nacionales. Además, facilita mano de obra barata al empresariado. Por eso la patronal ‘bendice’ la medida. Y finalmente, como la mayoría de estos nuevos residentes son hispanos, en dos años podrán acceder a la nacionalidad y votar.
Si el PSOE pierde caladeros de votantes en casa, los crea fuera. Súmale los 2,3 millones de peticionarios de nacionalidad de la llamada ‘Ley de Abuelos’ y ya tienen asegurado un vuelco del censo delante de nuestra cara. Al tran-tran.
La Iglesia, anclada en el ‘buenismo’ y la oposición mirando para Cuenca. Están robando las elecciones a plena luz del día, con nuestro dinero y con nuestro coste de seguridad y convivencia. ¿Y nadie hará nada?, ¿para cuándo una moción de censura?, ¿a qué esperan los grandes partidos para convocarnos a una gran manifestación?
Luis Losada Pescador (Actuall.com)
