Tras el amago de dimisión de Pedro Sánchez, sus socios de Gobierno han aprovechado para acelerar una agenda política coherente con las irresponsables declaraciones del presidente. Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con la que se daría un golpe definitivo al control del CGPJ por parte del poder político, una norma que menoscaba los contrapesos debidos y anula la imprescindible simetría entre las Cámaras.
Conscientes de que el Partido Popular tiene mayoría en el Senado, los morados han concebido una reforma legislativa con la que desactivar la cámara territorial, subvirtiendo el espíritu de la norma constitucional y alterando las mayorías exigibles.
El Poder Judicial ha sido uno de los blancos tradicionales de la izquierda radical: los ataques e insultos a la judicatura se hicieron constantes desde el nacimiento de Podemos y los ha replicado la vicepresidenta Díaz. En estricto cumplimiento del manual populista, socavar los contrapesos del poder político se convirtió casi en una obsesión para los de Pablo Iglesias.
Mientras funcionó como un partido institucional, el PSOE nunca estuvo ahí, pero ya la legislatura pasada los socialistas comenzaron a validar ese discurso antisistema, llegando a sostener desde su bancada que la oposición estaría intentando parar la democracia con togas, lo que establece un indigno paralelismo con el golpe del 23-F.
Aquella temeridad verbal fue abriendo espacio a las tentaciones iliberales y numerosos diputados, entre ellos la actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, llegaron a cuestionar que las decisiones de las cámaras legislativas pudieran estar sometidas al imperio de la ley y al principio de legalidad.
La proposición de ley registrada por Podemos no sólo insiste en desactivar las mayorías reforzadas que son preceptivas para elegir a los vocales del CGPJ, sino que intenta circunscribir al Congreso una preferente facultad de elección. Esta afrenta explícita al Senado sólo se justifica en el interés partidista de los socios de Gobierno, conscientes de la mayoría de la que goza el PP en la Cámara Alta.
La iniciativa legislativa desoye, además, las indicaciones que provienen de Europa. La Comisión Europea, en sucesivos informes sobre el Estado de derecho, ha conminado a España a renovar a los vocales del CGPJ y a modificar el mecanismo que arbitra la elección de los miembros del órgano, adaptándolos a los estándares de los países miembros con vistas a proteger la independencia y autonomía de los distintos poderes del Estado.
