A preguntas de VOX sobre la necesidad de incrementar la presencia de la Armada Española en el Estrecho para contener la galopante inmigración ilegal que sufrimos, el Almirante Piñeiro (AJEMA) se descolgó con una serie de afirmaciones que aclaran una vez más no sólo la catadura de la mayoría de los “funcionarios de uniforme” de estas décadas –llamarles militares es desde hace mucho imposible–, sino también el porqué de esa avalancha de inmigración ilegal que nos ahoga.
Según el Almirante Piñeiro, la Armada Española: «No estamos para contener a los cayucos, sino para ayudarles (…) ante un cayuco en el mar, la principal misión de los buques militares es ayudar, salvar y rescatar a sus ocupantes y, en ningún caso, «apartarlos (…) Que nadie piense que la Armada va a estar combatiendo en la mar la inmigración ilegal (…) la única misión de un barco de la Armada es ayudar a la gente (…) El resto es una cuestión que está por encima de las Fuerzas Armadas (…) impotencia de tener 250 o 300 personas en el agua que no saben nadar, que se van a ahogar, y tú con una embarcación en la que puedes meter 10 o 20 para sacarlos del agua y que tengas que escoger entre uno y otro sabiendo que en el tiempo que vas y vuelves al que vas a recoger ya no está. Eso es muy duro (…) Es un mandato que dice la Ley del Mar: la Armada, si se encuentra un cayuco en la mar, su principal misión es salvar a la gente si están en peligro. Y no hay más”.
Pues no, en absoluto, Almirante Piñeiro, sino todo lo contrario.
Comencemos por la legalidad. La Armada Española, como el Ejército de Tierra y el del Aire, por el Art. 8º de la Constitución tiene la obligación inexcusable de defender la soberanía nacional, la cual empieza, faltaría más, en nuestras fronteras terrestres o marítimas. Dicho mandato implica, para la Armada Española, impedir a toda costa que nuestras frontes marítimas, costeras, sean vulneradas de cualquier forma o por cualquiera, sea quien sea, sin parar a analizar ni quienes son, ni con qué medios, ni de qué forma lo intentan o, peor aún, lo realizan. Si eso hiere los sentimientos de los marinos, entonces dichos marinos deben irse de la Armada, porque no son aptos para el servicio. ¡Imagínense en caso de guerra lo que se podría esperar de tan sentimentales, emocionales, inestables y afeminados marinos!
La inmigración ilegal que nos abruma no es tal, porque no es inmigración, no vienen huyendo de guerras, hambrunas o persecuciones, no vienen a buscar trabajo (de hacerlo lo harían por los cauces legales), se trata de una invasión en toda regla, alevosa, premeditada y muy bien organizada, principalmente por el Sultán marroquí, en cuyo país no se mueve nada, ni un cayuco, sin su visto bueno, a partir de cuya orden se ponen en marcha las redes que nos envían las “lanchas de desembarco” –lo de “cayucos” es un eufemismo especialmente malicioso–, las cuales, además, en su mayoría salen de sus costas amarrados a barcos nodriza que los libera cerca de nuestras aguas territoriales, momento en el que llaman a los numerosos teléfonos que tienen de antemano para que se les recoja simulando que van a la deriva; y es que esas “lanchas de desembarco” no tienen autonomía para navegar desde donde dicen que salen hasta nuestras costas. Lo mismo ocurre con las que salen de Mauritania y Argelia. Repito: no es inmigración ilegal, sino pura, dura, alevosa, premeditada y bien organizada invasión.
En dichas “lanchas de desembarco”, mal llamamos “cayucos”, vienen en un noventa y nueve por ciento hombres sanos, en plena forma, en edad militar, no pocos de ellos con experiencia en combate, asimismo una buena cantidad de delincuentes reincidentes y numerosos degenerados sexuales, o sea, violadores empedernidos. No son pobres desvalidos, ni parias de las circunstancias de sus países de origen, no, son hombres, nada de menores de edad, que además han sido instruidos de forma que saben lo que tienen que hacer una vez que arriben a nuestra nación para beneficiarse de la cantidad de injustas prebendas que se les otorga de inmediato, hasta el punto de que lo que se niega a los españoles se les da a ellos.
El combate contra esta invasión, mal llamada inmigración ilegal, debe hacerse por todos, Almirante Piñeiro, no es cosa sólo de las autoridades políticas, sino que es cosa de todos nosotros, también de las FFAA, y en el caso que nos ocupa, y en primera línea, de la Armada Española. No hacerlo, como dice, es incumplir manifiestamente sus obligaciones, una de las más importantes la de defender nuestras fronteras marítimas, pero es también vulnerar el juramento que hacen cuando voluntariamente ingresan en la Armada y supone asimismo tomarnos el pelo a los que con nuestros impuestos pagamos sus salarios y los medios con que les dotamos para que cumplan con su misión.
Si el poder político, del color que sea, no cumple con sus obligaciones, no emite las órdenes a las que está obligado en defensa de lo intereses de España, máxime ante una invasión como esta, y ese poder hace dejación de sus máximas responsabilidades, las FFAA deben actuar de motu proprio, y no confundir obediencia y disciplina con sumisión, como tampoco neutralidad con inhibición, porque de hacerlo, como lo hace la Armada Española en este caso, se convierte en cómplice de ese poder político que por actuar como actúa no sólo se vuelve ilegal, sino que también pierde toda legitimidad. Esa sumisión es lo que ha llevado a la FFAA, más en concreto al Ejército de Tierra, a inhibirse en las catástrofes de la DANA y de los incendios forestales en los que tanto la muerte de sus compatriotas, como las terribles destrucciones materiales, les ha importado un bledo, demostrando una insensibilidad absoluta y lo que realmente son.
El Almirante Piñeiro invoca la “ley del mar” para intentar, también, justificarse. Pues tampoco. Dicha ley es aplicable a naves que por avería, accidente o temporales quedan al pairo y sus tripulaciones corren peligro, pero no cuando se trata, repito, de una invasión alevosa y premeditada, organizada por Estados como Marruecos, nuestro declarado enemigo del Sur, que utiliza una artimaña, la de los supuestos inmigrantes, a modo de “escudos humanos”, para invadirnos, infiltrarnos y desestabilizarnos a fin de conseguir quitarnos con mayor facilidad, cuando lo considere, Ceuta, Melilla y las Canarias, o sea, parte de nuestro territorio nacional; y es que una invasión, sea cual sea su forma, siempre tiene el mismo fin: arrebatar una parte de su territorio al otro.
Viene al caso de la invocación de esa ley del mar lo ocurrido hace muy poco. Un buque de la Armada Española, por orden expresa del Almirante Piñeiro, se desplazó ¡145 millas! desde nuestras costas a las marroquíes, a cuyo límite de aguas territoriales llegó, para recoger a una de esas “lanchas de desembarco” que pedía ayuda porque… ¿no había nadie más cerca para socorrerles, no ya por supuesto marroquíes, sino tampoco italianos, franceses, argelinos o, por ejemplo, ingleses que ocupan nuestro Gibraltar? ¿Pueden decirme ustedes ahora qué fue eso: un rescate según la ley del mar o una colaboración activa con la invasión?
El resumen es que la Armada Española, con su jefe a la cabeza, está traicionando a España y que tenemos a un Almirante, Antonio Piñeiro, su jefe, confeso sobre la traición, y con él, por obedecer órdenes no sólo ilegales, sino traidoras, convierte a toda la Armada Española en rea de traición de lesa patria, el mayor y peor de todos los delitos que se puede cometer contra España, por el cual, como nos ha confesado su jefe, realiza actos de extrema deslealtad al favorecer la invasión inmigratoria ilegal, precisamente la que organiza y ejecuta de forma principal una potencia enemiga como es Marruecos que nos tiene declarada la guerra pretendiendo ocupar trozos de nuestra Patria, fin que no sólo no oculta, sino que reivindica públicamente.
Si el poder político traiciona a España, como lo hace en este asunto –como en otros–, no sólo se le debe desobedecer para no convertirse en cómplice y herramienta de su traición, sino que se tiene la obligación de impedírselo, pues las FFAA tienen su razón principal de ser en defender a la Patria tanto de los enemigos exteriores como, si fuera el caso, como parece serlo, de los interiores, sean quienes sean, cuando ponen en peligro nuestra soberanía e independencia, nuestra integridad territorial y nuestro ordenamiento constitucional (Art. 8º CE).
Francisco Bendala Ayuso (ÑTV España)
