No es un juicio al Fiscal General del Estado. Es un choque de trenes institucional, una guerra entre poderes. El gobierno ha aprovechado el banquillo del Fiscal General del Estado para convertirlo en un ‘casus belli’ contra el Supremo.
Abogacía del Estado y Fiscalía han arremetido contra el Alto Tribunal al que acusan de no respetar el procedimiento y de pretender una persecución política. Es decir, acusan al Supremo de ‘lawfare’, la manera cursi de referirse a la prevaricación.
Sin embargo, todos los fiscales interrogados reconocen que el Fiscal General del Estado mostró prisa por hacerse con los correos cruzados entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto, al que sacan de un partido de fútbol para que remita el documento. “No son horas”.
Todos reconocen que el asunto se gestionó con normalidad hasta que apareció el nombre de Ayuso. ¿Quién practicó entonces la persecución política?
Por eso la fiscal jefe de Madrid, Adriana Lastra, dijo haberse sentido “pasmada” con el uso torticero de la fiscalía y que cuando García Ortiz le llamó por la mañana tuvo la siguiente conversación:
- ¡Has filtrado tú!
- Eso ahora no importa; tenemos que ganar el relato
Incriminación suficiente. Porque el objetivo de un fiscal no es ganar el relato sino defender la ley y el orden.
Los fiscales afines a García Ortiz le organizaron un aplauso colectivo, un respaldo mafioso. Porque todos saben que la actuación ha sido irregular y torticeramente política. Pero han optado por el indigno sol que más calienta. Y descuentan que en la guerra desatada entre el gobierno y el Supremo, ganará el gobierno. ¿Acertarán?
Esperemos que venza el derecho, la razón, la justicia y la institucionalidad.
Luis Losada Pescador (Actuall.com)
