A pesar de que el periodo estival invita fundamentalmente al descanso, ya sea en la playa o en la montaña, la infernal máquina delictiva en la que se ha convertido el PSOE por obra y gracia de Pedro Sánchez sigue este tórrido verano a pleno rendimiento, de tal forma que es raro el día en el que no aparecen en los medios de comunicación nuevos casos de corrupción o adulteración de currículums protagonizados por diferentes personajes ligados al partido socialista.
A su vez, siguen saliendo a la luz pública cada vez más detalles de los turbios negocios relacionados con la prostitución masculina y femenina en los que andaban metidos tanto Begoña Gómez, en calidad de administradora de los prostíbulos paternos, como P. Sánchez, a título lucrativo.
Obviamente, todo ello no es fruto del azar, sino que responde al hecho de que el autócrata monclovita a lo largo de su carrera se ha rodeado, con conocimiento de causa, de un grupo de individuos cuyo perfil se caracteriza por un explosivo cóctel en el que se combinan a partes iguales la indecencia moral con la incompetencia gestora.
Así, demostrando que la pulsiones delictivas son inherentes al sanchismo, el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha puesto de manifiesto que el Gobierno de P. Sánchez no ha cumplido ni una sola de las 19 recomendaciones propuestas por la Unión Europea en 2019 para luchar contra las prácticas corruptas y favorecer la transparencia de las instituciones del Estado.
Como consecuencia de tan deplorable gestión de Gobierno, según el último sondeo electoral realizado por Sigma Dos para El Mundo, más de un millón de votantes del PSOE no volverán a depositar su confianza en el autócrata monclovita en las próximas elecciones generales, demostrando con ello un cierto grado de honestidad intelectual.
Sin embargo hay todavía alrededor de seis millones de personas que, a pesar de los numerosos escándalos que han ensuciado irremediablemente la imagen del PSOE, manifiestan su adhesión al proyecto socialcomunista liderado por un individuo como P. Sánchez cuyo único interés es mantenerse en el poder, aunque para ello deba subordinar su actividad legislativa a las groseras e ilegítimas exigencias de las fuerzas independentistas.
Ciertamente todas estas personas abducidas por el sanchismo, aparte de un asco razonable, empiezan a dar pena, ya que, cuando te prestas a debatir con ellos sobre política, ni tan siquiera son capaces de defender al partido socialista, de tal forma que dedican todos sus esfuerzos dialécticos a justificar su voto a P. Sánchez, aduciendo que tal decisión tan solo obedece a la imperiosa necesidad de impedir que la derecha y la ultraderecha lleguen al poder.
Sin embargo tan manido e injustificado argumento ha quedado neutralizado desde el mismo instante en que Alberto Núñez Feijóo, situando al PP de manera clara y rotunda en el espectro político del centroderecha, manifestó abiertamente durante el último Congreso de los populares su propósito de gobernar en solitario en caso de ganar las elecciones.
Tanta orfandad discursiva por parte de los militantes y simpatizantes del PSOE no deja de ser normal si tenemos en cuenta que el Gobierno socialcomunista, incapaz de desarrollar una acción de Gobierno mínimamente consistente para dar solución a los problemas que acucian a la sociedad española, ha decidido activar sus cloacas para desencadenar una “guerra sucia” no solo contra la oposición, sino también contra jueces, fiscales y Guardia civil.
Así, en su afán de desacreditar al juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, el diario El Plural -uno de los principales medios de comunicación indecentemente dedicados a la defensa de los intereses de P. Sánchez- publicó, sin la necesaria verificación de la noticia, que dicho juez poseía 14 inmuebles registrados con dos DNI diferentes, algo que el propio Registro de la Propiedad desmintió al reconocer un grave error de inscripción.
Mucho más grave resulta el intento por parte del PSOE de restar credibilidad a las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en relación a la esposa y al hermano de P. Sánchez.
Para ello, tal y como reveló El Confidencial, Santos Cerdán, que otrora fue secretario de Organización del PSOE y actualmente es comensal de la prisión de Soto del Real, contrató los servicios de la socialista Leire Díez, también conocida como la “Fontanera del PSOE”, para que obtuviera pruebas que cuestionaran la honorabilidad del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, y del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, por ser los encargados de llevar a cabo la investigación de los casos de corrupción que afectan a José Luis Ábalos, Koldo García, Begoña Gómez y David Sánchez.
Para ello, L. Díez inicialmente, se puso en contacto con los empresarios Alejandro Hamlym (investigado por la venta fraudulenta de carburantes), Javier Pérez Dolset (investigado por el cobre fraudulento de subvenciones) y el abogado Jacobo Teijeido (letrado oficial de Santos Cerdán), ofreciendo a los empresarios acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para liberarlos de sus procesos penales a cambio de proporcionar información comprometida para la UCO.
Con posterioridad, L. Díez intentó sobornar a los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, ofreciéndoles beneficios ligados a su carrera profesional también a cambio de recibir información comprometida en este caso contra la Fiscalía Anticorrupción. Como era de esperar L. Díez no logró culminar con éxito su tarea, pero lo que si ha conseguido es estar imputada por cohecho, tráfico de influencias e intento de soborno, todo lo cual es justa recompensa para su indecente conducta.
Obviamente, toda esta estrategia de manchar el buen nombre de todo aquel que ose señalar las actividades corruptas del entorno familiar y político de P. Sánchez lleva inevitablemente aparejado el control de los medios de comunicación, para así proporcionar a la ciudadanía una visión falseada de la realidad en la que está instalada la nación española.
Así, la última tropelía que se le ha ocurrido al psicópata monclovita es aprobar en Consejo de Ministros el Proyecto de Ley sobre Información Clasificada, también conocida como “Ley Bolaños”. Este Proyecto de Ley contempla castigar con multas que van desde los 30.000 euros hasta los 2,5 millones de euros a todo funcionario, cargo público y a toda persona física o jurídica que difunda información clasificada, incluyendo, y aquí está el quid de la cuestión, a periodistas y medios de comunicación.
El principal problema de esta ley radica en que es el Gobierno el que clasifica la información y aunque evidentemente hay cuestiones que por seguridad nacional deben ser consideradas secretas, hay otras muchas cuya clasificación de secretas pueden responder a los espurios intereses del Gobierno de turno y conociendo la limitadísima catadura moral de P. Sánchez y su grupo de mamporreros no cabe dudar de que el Gobierno sanchista utilizará las prerrogativas que esta ley le concede en beneficio propio.
Así, un caso que ejemplifica a la perfección el uso arbitrario de la clasificación de la información lo constituye el hecho de que el Ejecutivo socialcomunista se ha negado en todo momento a dar explicación alguna sobre los motivos y acompañantes de P. Sánchez en los viajes en el Falcon, argumentando que constituyen un secreto de Estado, a pesar de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha instado al Ministerio de Defensa a proporcionar dichos datos.
La cuestión no es baladí, ya que P. Sánchez es el presidente de Gobierno que más vuelos al año ha realizado en el Falcon y además hasta en 62 ocasiones han tenido como destino la República Dominicana, lo cual es harto sospechoso, ya que dicho país no mantiene con España unas especiales relaciones diplomáticas ni militares ni comerciales, pudiéndose por ello pensar que dichos vuelos tan solo responden a intereses privados, de naturaleza cuanto menos dudosa, del autócrata monclovita y su querida esposa.
En consecuencia, de aprobarse definitivamente dicha ley los medios de comunicación se verán incapacitados para informar a la población sobre cualquier tipo de cuestión que por molestar al Gobierno sea clasificada sin justificación alguna como secreta, lo cual no es otra cosa que un colosal ejercicio de abuso de poder.
Mientras todo esto ocurre España está literalmente ardiendo por los cuatro costados, sin que dicha catástrofe haya sido capaz de provocar que, al menos temporalmente, P. Sánchez suspendiera sus vacaciones en la lujosa y costosísima Residencia Real de La Mareta en Lanzarote, para preocuparse por la evolución de los incendios y la situación de los damnificados y así estar en disposición de ayudar a los Gobiernos regionales en las tareas de extinción y salvamento.
Pero ¿ qué otra cosa se puede esperar de un pirómano de la política como P. Sánchez? Pues eso, la inhibición más absoluta por el mero hecho de que el fuego afecta principalmente a regiones gobernadas por el PP, esperando que el consiguiente retraso en el control de los incendios por falta de ayuda estatal le proporcione un rédito electoral que por méritos propios es incapaz de conseguir.
Rafael García Alonso (ÑTV España)
