El Supremo procesa al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Rechaza su último recurso y ‘va p’alante’. Consideran que el Fiscal General fue quien coordinó e impulsó la presunta revelación de secretos.
En el gobierno, cierre de filas. Apoyo total y confianza en su inocencia. Así lo señaló Sánchez tras su despacho con el Rey en Mallorca. En realidad confía en su capacidad de presión para generar suficiente división interna.
Probablemente pinche en hueso. Porque García Ortiz ha sido imputado por un juez ordinario, seis magistrados del Superior de Justicia de Madrid y ocho del Supremo. Pero el ‘cambiacolchones’ prefiere seguir controlando la Fiscalía. Cueste lo que cueste.
Y lo que cuesta es un desprestigio institucional brutal. Porque -como dice Feijóo- el garante de la ley y el orden no puede estar sentado en el banquillo. Por eso asociaciones de jueces y fiscales han solicitado su renuncia. Agua.
La huida hacia adelante no mejora su horizonte penal. El Supremo ya advierte que “la destrucción de pruebas puede fundamentar una condena”. El Fiscal General no sólo se sentará en el banquillo sino que tiene un pie en la trena. Aún así, Sánchez quiere que esté presente en la próxima apertura del año judicial y que la presencia del Rey Felipe VI blanquee de alguna manera la anomalía. Perverso.
El problema de su huida hacia adelante es el destrozo institucional y de convivencia que genera. ¿Alta traición?.
Luis Losada Pescador (Actuall.com)
