Casi cuatro meses después de que entrara en vigor la ley del ‘solo sí es sí’, y tras la rebaja de más de 300 penas impuestas a agresores sexuales, el Gobierno ha decidido sucumbir a los hechos y al clamor social y reformará la controvertida norma.
El Partido Socialista anunció en el día de ayer, a través de tres ministros, Isabel Rodríguez, Félix Bolaños y Pilar Alegría, que de forma inminente se procederá a enmendar la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual a través de una iniciativa parlamentaria.
Desde que en el mes de noviembre se iniciara la revisión de sentencias y tras un goteo permanente de penas rebajadas que han conducido, incluso, a la excarcelación de condenados por agresiones sexuales, el Gobierno ha decidido reconocer las fallas en la técnica legislativa en la que estaba llamada a ser la medida estrella del Ministerio de Igualdad.
Las voces críticas con la norma han sido unánimes e incluso personas tan poco sospechosas de ser desafectas al gobierno de coalición, como Manuela Carmena o Rita Maestre, se han mostrado favorables a reformarla después de comprobar los perniciosos efectos prácticos de su entrada en vigor.
Es muy probable que si esta ley se hubiera gestionado con el rigor y con la pulcritud procesal debida no se habría generado un escenario como el que ahora se intenta remendar. Desde ABC, incluso, informamos de que durante el proceso de tramitación se ocultó un informe preceptivo del Ministerio de Justicia, que es coproponente de la ley.
El populismo legislativo y la incuria formal a la hora de elaborar esta ley tendrán, sin embargo, efectos irreversibles. Todas las penas que se hayan visto rebajadas durante el período de vigencia de la ley en su actual literalidad no podrán volver a modificarse. Y los condenados que se hayan visto beneficiados por lo que ahora se reconoce como un fracaso legislativo, no podrán volver a ver prolongadas sus penas.
Aunque la modificación de la ley anunciada ayer sirva para evidenciar una tensión creciente entre el ala socialista del Gobierno y los ministerios de Podemos, cabe recordar que el Consejo de Ministros que dio curso a la norma que ahora se intenta corregir es un órgano colegiado.
Es más, la ley del ‘solo sí es sí’ es una iniciativa que cuenta con tres ministerios coproponentes como son Justicia, Interior y Política Territorial. Carteras, todas ellas, que deben asumir una innegable responsabilidad ante los defectos legislativos que ahora se reconocen como indeseados.
La enmienda de esta ley eleva la tensión entre las dos facciones del Ejecutivo ya que Irene Montero sigue manteniendo la idoneidad de la norma, una iniciativa legislativa que se utilizó, desde su origen, como arma de agitación política. Recordemos que se llegó a tildar de propaganda machista cualquier juicio experto que predijera las consecuencias que ahora se intentan reparar
Reformar la ley del ‘solo sí es sí’ supone intervenir de facto un acto legislativo que se ha demostrado fallido y que Podemos intentó convertir en un patrimonio político. Reconocer ahora que la técnica legislativa fue imperfecta escenifica una escisión en el Gobierno y decanta la autoridad del lado socialista al intervenir un proyecto especialmente significativo para Podemos y para el Ministerio de Igualdad.
Desafortunadamente, toda esta situación y la alarma social derivada podrían haberse evitado si, desde el principio, esta norma se hubiera tramitado con el cuidado y la precisión que un asunto tan trascendental merece.
ABC