Si no fuera porque casi todo lo que los nacionalistas catalanes han ido reclamando en su política de alejamiento de España lo han conseguido, aprovechando la debilidad de éste y otros gobiernos, la exigencia de Pere Aragonès de un pacto fiscal bilateral entre España y Cataluña no sería más que una extravagancia.
Pero la reciente aprobación de la ley de amnistía es un ejemplo de que el Partido Socialista está dispuesto a subastar la nación con tal de mantenerse en el poder con los votos del nacionalismo más radical, lo que convierte estos planteamientos en algo más que una formulación teórica.
A esto se une la desidia de la Administración a la hora de exigir a la Generalitat que cumpla las sentencias de los tribunales superiores sobre la protección del castellano. Ha tenido que ser el Parlamento Europeo el que conmine al Gobierno a proteger la lengua de su país y censure la inmersión lingüística por la cual cada día se vulneran los derechos de los españoles bilingües que viven en Cataluña.
La financiación singular que la Generalitat demanda exige recaudar y gestionar todos los impuestos para «quedarse con la llave de la caja», estableciendo un sistema parecido al cupo vasco y navarro. Se trata de extender una anomalía histórica que conduce a la desintegración del Estado. No existe ningún país del mundo donde el gobierno haya renunciado a fijar y recaudar los impuestos generales.
El sistema alemán, que ERC cita como precedente, es mucho más limitado e ineficiente que la actual potestad tributaria de la que gozan las comunidades autónomas.
ABC