Desde 2003, cuando el Gobierno de Aznar aprobó la ley reguladora de la orden de protección de las víctimas de ‘violencia doméstica’, la legislación española ha ido sumando recursos e instrumentos para frenar y combatir las agresiones machistas contra las mujeres.
Con mayor o menor acierto técnico, con mayores o menores dosis de ideología de género y de oportunismo, se iba construyendo un sistema legal de protección sustentado en un pacto de Estado, renovado siempre por los principales partidos políticos. Esta legislación no ha evitado que los asesinatos machistas sigan siendo una lacra, pero al menos ha expresado una voluntad política transversal de combatir la violencia contra la mujer.
Esta dinámica se ha roto con el Gobierno de Pedro Sánchez, autotitulado como «el más feminista de la historia», etiqueta desacreditada por múltiples razones. Aparte de la convivencia consentida con dirigentes de su máxima confianza inmersos en el mercado de la prostitución, sobre este Gobierno pesa la mancha indeleble de la ley del ‘solo sí es sí’, que iba a poner el consentimiento de la mujer como eje de su libertad sexual y aumentar su protección contra los violadores. El resultado sigue siendo otro: la continua rebaja de condenas a agresores sexuales, cuando no directamente su excarcelación, contabilizándose unas y otras por cientos.
Ahora la desprotección de la mujer ha subido un peldaño con el fiasco perpetrado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, con las nuevas pulseras de control a distancia de maltratadores. El cambio del sistema ha provocado que se desconozcan datos anteriores a marzo de 2004 sobre incumplimiento de órdenes de alejamiento, que no funcione la transmisión de señal para localizar al agresor y proteger a la víctima y, además, que las pulseras sean fácilmente desmontables.
No se trata de un invento de la ‘fachosfera’. La ministra Redondo fue avisada por el Consejo General del Poder Judicial de la poca fiabilidad del nuevo sistema y hasta la Fiscalía General, en su memoria de 2024, afirma la existencia de «múltiples fallos» en los nuevos dispositivos.
Durante ocho meses desatendió Igualdad las alertas sobre las consecuencias de un defecto cuyas consecuencias agravó por omisión. Los fiscales advierten de que esta situación va a dar lugar a archivos de denuncias por maltrato y a sentencias absolutorias por falta de prueba de la infracción del alejamiento.
