En diciembre de 2022, el presidente del Gobierno justificó la rebaja de penas en los nuevos delitos de malversación porque «la corrupción no era ya una preocupación de los españoles» Dos meses después, la mancha del caso Mediador se extiende de forma imparable y amenaza al PSOE con convertirse en un escándalo de dimensiones hoy imprevisibles.
Este caso se está desvelando, con palabras de la Policía, «una trama criminal perfectamente definida y coordinada». Aunque empezó siendo una investigación judicial en Canarias, empieza a tener derivaciones de ámbito nacional. Su líder, el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ofrecía sus servicios a empresas para lograr tratos de favor en la contratación pública de ayudas económicas, a cambio de comisiones ilegales, según la instrucción judicial. Como en otros casos de corrupción ya conocidos, el detonante de la investigación ha sido un arrepentido, Antonio Navarro, quien actuaba como mediador entre Fuentes y las empresas y recibía gran parte del dinero que luego se repartía la trama.
Como hoy informa ABC, una de esas empresas recibió en solo dos años hasta dieciséis contratos de administraciones gobernadas por los socialistas. En una reciente declaración, Navarro ha implicado al actual presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres –quien ha negado cualquier responsabilidad– en la anulación de la multa a una empresa ganadera, beneficiaria presuntamente de las gestiones mediadoras de la trama de Fuentes Curbelo, conocido como ‘Tito Berni’.
El caso Mediador ha tardado un tiempo en hacerse hueco en la actualidad informativa, pero ya lo ha hecho con las hechuras que corresponden a un escándalo que desmiente el optimismo interesado de Sánchez sobre la reforma de la malversación. La corrupción sigue preocupando a los ciudadanos y sigue siendo una realidad delictiva a la que incluso Bruselas llama a combatir, como bien claro lo dejó la presidenta de la comisión de Control Presupuestario del Europarlamento, Monika Holmeier, tras su visita a Madrid para revisar la gestión de los fondos europeos.
Todo esto sucede cuando la trama de corrupción a escala industrial que fueron los ERE falsos de Andalucía sigue generando nuevas acusaciones, juicios y condenas; y cuando, desde Valencia, el caso Azud sigue acumulando indicios e informaciones que ahora ponen el foco en la posible financiación ilegal de campañas electorales socialistas.
El criterio de la Fiscalía canaria impidió a la jueza instructora acordar la prisión provisional de Fuentes, pese a que la magistrada daba por hecho que seguía en contacto con otros miembros de la organización criminal, lo que es tanto como temer por la integridad de las pruebas aún no recopiladas por la Policía.
Llamativa decisión de la Fiscalía, que contrasta con el rigor aplicado a otros casos de corrupción, incluso con el encarcelamiento preventivo de un general de la Guardia Civil destinado en Canarias, también implicado en la red de ‘Tito Berni’.
Poco a poco va definiéndose una organización criminal que triangulaba el Congreso, la administración canaria y la Guardia Civil en beneficio de quienes la juez considera autores de cohechos, extorsiones y tráfico de influencias. Las imágenes de miembros de la trama con fajos de billetes, consumiendo drogas con prostitutas describen la sordidez de un tipo de delincuencia que discurre por las sombras del poder y de las instituciones.
También son un recordatorio de que no se puede ni debe bajar la guardia en la lucha contra la corrupción, porque los delincuentes no siempre actúan con pasamontañas, sino que forman parte de lo más granado de la sociedad o de sus instituciones más respetables.
La corrupción sigue ahí y negarla es un error imperdonable.
ABC
