El Gobierno sanchista, siguiendo la línea populista de la izquierda autoritaria, en lugar de ocuparse de desarrollar un conjunto de actuaciones orientadas a dar respuesta a los innumerable problemas que acucian a la sociedad española, está fundamentalmente empeñado en la construcción de diferentes relatos, todos ellos basados en omisiones, tergiversaciones, manipulaciones e invenciones, con la finalidad de imponer en el seno de la opinión pública un retrato que conjuga el falseamiento de la realidad y la acomodación de los hechos a sus espurios intereses políticos.
Uno de estos relatos propio del sanchismo, esencialmente grotesco por ridículo e incoherente, hace referencia a la llegada masiva e ilegal a territorio español de millones de inmigrantes procedentes de distintas latitudes. Así, con un planteamiento insensatamente buenista, el Gobierno socialcomunista insiste en obviar los indudables problemas que trae consigo la llegada irregular de inmigrantes, presentando este hecho como una bendición para España, debido, según su narrativa, a la diversidad cultural y a la fuerza de trabajo que traen consigo.
No debe de extrañar, por tanto, que debido al insensato desarrollo de políticas de puertas abiertas a la inmigración llevado a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez, la población extranjera en suelo español prácticamente se haya duplicado durante su mandato, pasando de 5 millones en 2019 a casi 9 millones en 2025, destacando en número la población marroquí, la cual en estos momentos supera ya el millón de personas.
Centrándonos por su importancia numérica en la inmigración musulmana cabe en primera instancia destacar que efectivamente constituye una fuente de diversidad cultural, si bien, dadas sus particulares connotaciones ideológicas, lejos de aportar nuevas y enriquecedoras costumbres, lo que trae consigo es el germen de la destrucción del conjunto de valores que constituyen los cimientos y el armazón de la civilización occidental.
Así, en la gran mayoría de los países musulmanes imperan sistemas de Gobierno de carácter teocrático, es decir, son países donde no existe una separación nítida entre Iglesia y Estado, de tal forma que es la religión la que ocupa un lugar central tanto en el ámbito político como en el social. En consonancia con este planteamiento, en los países islamistas el poder político está controlado por una autoridad religiosa que gobierna en nombre de Alá, lo cual de facto supone la abolición de la democracia.
En consecuencia, en todos estos países el entramado jurídico viene dado por la sharia o ley islámica, la cual consiste en un código de conducta, derivado de las enseñanzas contenidas en el Corán y la Sunna, que abarca todos los aspectos de la vida de las personas, tanto en el ámbito público como en el privado. En este contexto cabe destacar, por su enorme carga retrógrada, el hecho de que en las sociedades islamistas rige un patriarcado heteronormativo, en el que, mientras los hombres heterosexuales campan a sus anchas, las mujeres están oprimidas y los homosexuales son perseguidos.
Por lo tanto, por más que la izquierda patria se esfuerce en propagar las bondades de un relato que esencialmente ensalza la cultura musulmana y apela al respeto a la diversidad de costumbres, en la práctica dicha narrativa supone un suicidio cultural, ya que la inmigración islamista, al intentar implantar sus medievales costumbres en los países de acogida, supone una amenaza para la supervivencia de los logros en materia de libertades políticas y derechos civiles característicos de la civilización occidental.
A todo ello debe añadirse el compromiso de la comunidad islámica con la yihad o guerra santa, básicamente consistente en la obligación de todo musulmán de contribuir en la medida de sus posibilidades a la eliminación del infiel y la expansión del islam, tal y como se señala explícitamente en diferentes versículos del Corán.
No son por ello ocasionales, sino más bien todo lo contrario, los violentos atentados perpetrados por diferentes grupos islamistas radicales, generalmente adscritos al rigorista credo salafista, con la intención de propagar el terror en el seno de los países occidentales y así minar su estabilidad.
Podría aducirse que España difícilmente caerá en las garras del islamismo, y tal planteamiento es sin duda aceptable a corto plazo, pero no es menos cierto que de un tiempo a esta parte se están produciendo una serie de cambios de índole social que están contribuyendo al progresivo crecimiento de la cultura musulmana en territorio español.
Así, dada la tendencia de los inmigrantes musulmanes a no aceptar el sistema de valores occidental y a su renuencia a integrarse en la dinámica social propia de las naciones de acogida, nos encontramos con que en el corazón de diferentes capitales españolas están proliferando los guetos, también llamados “zonas no go”, básicamente consistentes en la existencia de barriadas constituidas fundamentalmente por población inmigrante musulmana donde rige el férreo código de conducta establecido por la sharia, lo cual supone de facto la suspensión del ordenamiento jurídico propio de la nación española con la consiguiente merma de derechos y obligaciones.
Todo ello no es fruto del azar, sino que forma parte de un plan minuciosamente diseñado en el caso de España por la monarquía alauita, el cual básicamente consiste en el desarrollo de una extensa red de control ideológico y social de la comunidad magrebí, perfectamente articulada y preparada para actuar como punta de lanza de lo que se ha dado en llamar por algunos intelectuales, como Renaud Camus o Michel Houellebecq, el “gran reemplazo”, es decir la absorción demográfica de la población autóctona europea de raíces cristianas por parte de una cada vez más numerosa población musulmana, lo cual de acabar produciéndose supondría el ocaso definitivo de la civilización occidental.
Además de todo ello y por más que desde el Ejecutivo sanchista se empeñen en negarlo, lo cierto es que la inmigración ilegal también provoca un grave problema de inseguridad ciudadana. Así, condicionados por el hecho de no tener permiso de residencia y generalmente estar escasamente cualificados, los inmigrantes prácticamente se ven obligados a trabajar en la economía sumergida o ingresar directamente en el proceloso mundo de la delincuencia.
Así, confirmando dicho planteamiento, nos encontramos con que solo un 22% de los marroquíes que residen en España cotizan a la Seguridad Social, lo cual desarma el relato socialcomunista según el cual la inmigración masiva resulta fundamental para el sostenimiento del sistema de pensiones, ya que, muy por el contrario, lo que realmente provoca es la inviabilidad en los términos actuales del Estado del Bienestar.
A su vez, en lo que a la criminalidad se refiere, resulta que en Cataluña, única región que ofrece datos oficiales relativos a la comisión de actos delictivos, nos encontramos con que si bien tan solo cerca del 25% de la población está compuesta por extranjeros, resulta que alrededor del 80% de los robos con violencia son cometidos por inmigrantes.
Ya a nivel nacional el porcentaje de población extranjera residente se sitúa en torno al 14%, siendo este pequeño porcentaje el responsable de casi el 50% de las agresiones sexuales que se cometen en suelo español, dándose además la lacerante situación de que tan depravado delito se ha multiplicado por tres desde la llegada al poder del psicópata monclovita, algo que el Gobierno socialcomunista pretende ocultar maquillando sus informes públicos y omitiendo en sus comunicados la nacionalidad de los depredadores sexuales.
Después de todo lo narrado parece evidente que resulta prioritario el desarrollo de unas políticas que hagan frente al grave problema que supone la llegada masiva, descontrolada e ilegal de inmigrantes. Entre las medidas que se deberían tomar destacan la férrea protección de nuestras fronteras y la deportación de todos aquellos inmigrantes que hayan entrado ilegalmente en España o hayan cometido algún tipo de delito, debiéndose a su vez acompañar todo ello del establecimiento de acuerdos bilaterales con los países de procedencia de la mayor parte de la inmigración, para de esta forma regularizar la llegada de extranjeros a suelo español y acabar con las redes criminales de tráfico de seres humanos.
Decía en escritor saharaui Taleb Alisalem, en una entrevista concedida al diario ABC, que “Se ha construido un relato tóxico, si hablas de violencia juvenil de origen marroquí eres racista, si mencionas células de control ideológico eres islamófobo y si señalas problemas culturales o políticos te etiquetan de ultraderechista”.
Todo ello es absolutamente cierto, pero el silencio cobarde ante las descalificaciones por parte de la progresía hipócrita y desnortada no solo no es la solución, sino que forma parte del problema.
Rafael García Alonso (ÑTV España)
