El caso de presunto acoso de Juan Carlos Monedero a mujeres de su entorno político y universitario, la gestión que Podemos hizo de las denuncias y el cariz de las investigaciones sobre la corrupción del Gobierno dan medida de cómo se ensancha la brecha entre las políticas de la izquierda sobre la mujer y su propia conducta ante ellas.
A la espera de que intervenga la Justicia, que es quien debe tener la última palabra sobre este tipo de casos, la situación de Monedero se suma a la de Errejón, que se dirime en los tribunales. El hecho de que dos de los cuatro fundadores de Podemos se hayan visto envueltos en presuntos escándalos de acoso a mujeres de su entorno personal y político, y que ellos las acusen de inventar las denuncias, suscita un incómodo interrogante acerca de si existe un patrón de comportamiento en estas organizaciones.
A esta categoría pueden añadirse las dinámicas prostibularias que tenían lugar en torno a casos como el de Tito Berni o el de Ábalos, dentro de un Gobierno y un partido que al mismo tiempo promovían la abolición de la prostitución.
No son episodios antiguos en los que pudieran operar los esquemas de un machismo ya superado. Sus derivadas las conocemos en estos días y nos invitan a concluir que ha llegado la hora de generar una reflexión más amplia y de fondo sobre la relación de la izquierda con las mujeres.
El salto entre lo que se predica y la realidad del comportamiento, que es tan grande en sistemas de pensamiento puritanos como el que nos ocupa, resulta difícil de asumir siquiera esgrimiendo retruécanos argumentales como los que pretenden que, no denunciando públicamente el supuesto acoso de Monedero, en Podemos estaban protegiendo a sus presuntas víctimas.
Tampoco se sostienen los estándares que ellos exigían a organizaciones como la Iglesia en los escándalos en los que se vio envuelta, cuyo esquema, tristemente, recuerda a los hechos que ahora les salpican.
ABC
