La mancha de lo que sólo en origen pudo llamarse caso Koldo no deja de expandirse al nivel más alto dentro del Gobierno. María Jesús Montero, vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, tuvo conocimiento a principios de 2022 de las irregularidades en la compra de mascarillas por parte de Puertos del Estado.
Así lo revela la existencia de una auditoría de la Intervención General de la Administración (IGAE), que depende de su ministerio y que alertaba con perfecta claridad del irregular modo en que el organismo público había contratado la adquisición de material sanitario.
Este informe, fechado en diciembre de 2021, se envió a principios de año a las subsecretarías de Transporte y de Hacienda, por lo que la ministra Montero pudo constatar, a través de una información oficial y detallada, unos hechos que habrían requerido de su inmediata intervención. Sin embargo, la ministra de Hacienda, titular del ministerio del que depende la IGAE y habiendo sido alertada de los hechos, prefirió dejar hacer.
La información de la auditoría pública contiene una colección de advertencias tan graves que hace imposible que María Jesús Montero no tenga que rendir cuentas de forma urgente. En el texto, al que ha tenido acceso ABC, se detallan con absoluta precisión anomalías que resultan indiciarias de una responsabilidad ‘in vigilando’ con la trama.
En primer lugar, el contrato no cumplió con los debidos requisitos de publicidad. Asimismo, la contratación se reportó al Consejo de Ministros fuera del plazo de treinta días requerido.
Tampoco consta que se solicitaran ofertas a otros proveedores ni que se negociaran las condiciones o el precio con el adjudicatario.
Otra irregularidad advertida en la auditoría es que la compra de material sanitario por parte de Puertos del Estado es la única contratación en la que la empresa proveedora se pone en contacto con la contratante con la mediación, precisamente, del Ministerio de Transportes, centro de operaciones de la trama.
En esta contratación pública no se verificó la solvencia técnica del proveedor y, lo que es más grave, en el informe se alerta que no hay constancia documental de cómo pudo tenerse noticia de la empresa, aunque se refleja que el nombre lo conoció Puertos a través del ministerio de Ábalos.
