Si hubiera que elegir a un ministro que representara fielmente la desconexión con la realidad del Gobierno de Pedro Sánchez, ese sería, sin duda, el del Interior, Fernando Grande-Marlaska. No tuvo mejor ocurrencia este miércoles, durante la sesión de control parlamentario, que defender la actuación de su departamento en la etapa final de la Vuelta a España, confrontándola con las cargas policiales del 1-O en Cataluña.
Si por sí misma la comparación es delirante, puesta en boca del ministro del Interior resulta una irresponsabilidad que roza el insulto a la inteligencia. Más aún si la intención del ministro fue presentar lo sucedido el domingo pasado como un éxito operativo.
Esta percepción desenfocada y miope de la realidad es lo que permite a un ministro del Interior vanagloriarse de lo que fue una sucesión de actos vandálicos que culminaron con veintidós policías heridos –sin que conste condena explícita del Gobierno por esta violencia injustificable–, numerosos daños materiales, la suspensión de la última etapa de la Vuelta y una proyección ridícula de España en el exterior.
De un ministro del Interior se espera siempre una actuación apartidista, leal con la defensa del orden público y la seguridad ciudadana, comprometida con la legalidad democrática y el respeto a los derechos y las libertades públicas.
No lo que está haciendo Grande-Marlaska. Su relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es –junto al trato a las víctimas de ETA– el ámbito más resentido por el partidismo y la ineficacia de la gestión de Interior.
Por un lado, no hay mes, desde hace años, en que los sindicatos policiales no expresen quejas y reclamaciones por la falta de medios adecuados de trabajo, por el desamparo frente a condiciones laborales inaceptables –como irse de un hotel porque nadie pagaba las habitaciones de los agentes– o por desacuerdos salariales.
Es evidente que no por ser policía o guardia civil el Gobierno tenga que sentirse obligado a ceder siempre en sus demandas. Pero lo de Grande-Marlaska es otra cosa: una gestión basada en el conflicto continuo con los cuerpos policiales, en la que confluyen su falta de autoridad, la nula confianza que inspira y su irrelevancia política en el contexto de un Gobierno que defiende políticas y discursos contradictorios con el papel de la policía en una sociedad democrática.
En una secuencia lógica y razonable de los acontecimientos, Grande-Marlaska tendría que haber dimitido en cuanto escuchó al presidente del Gobierno reiterar sus alabanzas a los que lesionaron a una veintena de policías en Madrid.
