El Tribunal de Cuentas se encuentra en rebeldía. El Congreso solicitó 6 informes de fiscalización sobre contratos de la pandemia. Agua. También solicitó que se fiscalizaran las subvenciones recibidas por Bildu para las elecciones locales de mayo de 2023 en las que la formación proetarra presentó a 23 candidatos vinculados con el terrorismo.
Sería motivo para ilegalizar la formación, pero desde luego para forzar a la devolución de los 1,3 millones recibidos de dinero público. Nada. Según informa Libertad Digital, el Tribunal de Cuentas ha decidido meter el mandato de la soberanía popular en el cajón.
No sólo eso sino que su presidenta, Enriqueta Chicano, lamenta que el Congreso trate de marcarle la agenda de sus trabajos. Y advierte que llevará el asunto al Tribunal Constitucional. Pumpido lava más blanco…
La aberración de fondo es importante. El Congreso representa la soberanía popular cuyo principal mandato es decidir en qué se gasta el dinero recaudado de los ciudadanos y como se ingresa.
Obviamente, es el primer interesado en que se cumpla su voluntad. Y para eso creó un cuerpo especial de fiscalización que se llama Tribunal de Cuentas. La misión de este organismo es velar por que el dinero público recaudado se gaste en lo que las Cortes habían presupuestado sin que haya alcances o desvíos.
Esto que es de ‘Barrio Sésamo’ es necesario explicarlo en estos tiempos difíciles en donde hay que explicar lo evidente. Porque Chicano cree que no se debe a las Cortes sino al gobierno sectario que le nombró.
Y desde esa óptica, mejor no molestar a Bildu, que es el socio más leal con el que cuenta el ‘cambiacolchones’. Y por supuesto, mejor no meter las narices en los contratos covid19 porque seguramente aparecerán los ‘Koldos’ de turno y quizás la posible financiación irregular.
Miramos para otro lado y nos hacemos los dignos. ¿Qué opina la Justicia de esta deslealtad institucional?
Si el Tribunal de Cuentas no sirve para lo que fue creado, ¿para qué lo queremos?
Luis Losada Pescador (Actuall.com)
