En medio de la grave crisis de corrupción de su partido, Pedro Sánchez ha intentado coger aire y alinear a su coalición de Gobierno en contra del aumento del gasto militar hasta el 5 por ciento del PIB que propugna Mark Rutte, secretario general de la OTAN.
Aunque la Moncloa asegura que la posición –expresada la semana pasada por el presidente del Gobierno en una carta– estaba fijada antes de conocerse el informe de la UCO, lo cierto es que Sánchez ha hecho de la necesidad virtud. Y ahora tiene a sus socios de Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, perorando entusiasmados contra el rearme europeo.
La carta de Sánchez, sin embargo, encierra una paradoja: empieza esgrimiendo argumentos razonables y termina siendo pura ideología. Porque lo que Sánchez viene a decir ya no es que rechace el objetivo de alcanzar un gasto del 5 por ciento (que en realidad es un 3,5, porque el porcentaje restante es para desarrollar infraestructuras de doble uso), sino que se niega a superar el 2,1, ya que considera que todo lo que exceda de ese porcentaje es «incompatible con nuestro estado del bienestar y nuestra visión del mundo».
Sánchez subraya que España ha cumplido su compromiso de alcanzar el 2 por ciento del PIB en gasto militar este año. También recuerda, con razón, que no todos los países tienen las mismas necesidades ni los mismos costes: no es lo mismo proteger el flanco báltico que patrullar el Sahel o custodiar Canarias.
Ese enfoque pragmático, técnico y basado en el cumplimiento de los Objetivos de Capacidad de la Alianza resulta aceptable. Se puede pedir que se respeten las diferencias estructurales entre aliados. Rutte, tras aceptar la evidencia de que España es soberana para establecer la forma en que financiará sus capacidades militares, ha insistido en que, según sus cálculos, el país necesitará gastar el 3,5 por ciento en ‘defensa dura’ y que, si no lo hace, eso se pondrá en evidencia en 2029, año en que se revisará el cumplimiento de los objetivos acordados.
Pero Sánchez no se limita a defender un modelo flexible: decide fijar una línea ideológica e introduce un argumento político doméstico —la intangibilidad de un estado del bienestar que, por cierto, no es idéntico en toda la UE– como si fuera un axioma estratégico innegociable. Ahí es donde se cruza la línea. Porque ese juicio, que puede compartirse o no, no le corresponde imponerlo al Ejecutivo de forma unilateral, sino que debe ser objeto de deliberación en el Parlamento.
Y debe serlo, sobre todo, mediante la formulación de unos Presupuestos Generales que Sánchez sigue debiendo al Congreso desde el año pasado.
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