La jactancia con la que el Gobierno se comporta en el asunto de la aplicación de la ley de Amnistía es directamente proporcional a la impúdica exhibición del control que persigue sobre otras instituciones.
Apenas armado jurídicamente con su licenciatura de Derecho, el ministro de Transportes se permitió el desahogo de enmendar la plana a los magistrados del Tribunal Supremo en un nuevo ataque a la independencia judicial, que es todo un clásico del sanchismo cuando una resolución no le gusta.
Ese «no hay por dónde agarrar» –la interpretación de la Sala Segundo del Alto Tribunal– supone un principio de acusación de prevaricación a los jueces.
Seguidamente, Puente sugirió que esto se lo iba a arreglar al Gobierno Conde-Pumpido en el TC, tal y como el propio Sánchez vino a afirmar hace un par de semanas.
Y esta es la parte más grave de sus palabras pues, en realidad, ese engreimiento no es sólo producto de esa caudalosa verborragia tan característica en Puente; no, supone la autoconfesión del colapso del Estado de derecho y la división de poderes en España.
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