El Gobierno ha remitido una inusual carta a la dirección de Ferrovial intentando influir en la junta de accionistas que se celebrará este jueves y que debe decidir sobre el traslado de su centro de decisión a Ámsterdam. La misiva del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, pide a los ejecutivos que adviertan a sus accionistas de los «posibles riesgos y contingencias» que comporta una operación en la que el Gobierno no aprecia motivaciones económicas.
La velada amenaza se hizo explícita unas horas después en el mismo diario que ha sido el ariete oficial en la campaña contra esta actuación: Ferrovial tendrá que enfrentar «un coste fiscal millonario» si no convence al Ejecutivo de los motivos económicos de la decisión.
Desde el momento en que anunció sus planes, a finales de febrero, Ferrovial ha dicho que no busca ventajas fiscales y que desde el punto de vista tributario es neutra. Países Bajos ofrece un mejor trato de los dividendos internacionales que el Gobierno de Pedro Sánchez penalizó en 2021, pero el Impuesto de Sociedades en ese país es ligeramente superior.
La compañía insiste en que la única razón que la impulsa es su deseo de cotizar directamente en las bolsas norteamericanas (y no mediante certificados). Se trata de aprovechar que en esos mercado prácticamente no existen multinacionales de este tipo.
En su carta, García afirma que rechaza ese argumento porque, según sus informes, no hay obstáculos normativos que impidan que una empresa española cotice en EE.UU., pero ha reconocido que hoy no existe ninguna que lo haga y hasta ha dicho, frívolamente, que invita a Ferrovial a convertirse en la primera que lo intente «y recorramos ese camino juntos». Obviamente la dirección de Ferrovial prefiere la seguridad de Ámsterdam como plaza experimentada en atraer capitales estadounidenses que emprender un camino incierto.
Resulta obvio, pero hay que destacarlo, que la idea de enviar una carta con amenazas para que a los accionistas les quede claro que en España hay seguridad jurídica es torpe y contradictoria. Aunque García diga que «el Gobierno no quiere intervenir pero sí informar», su misiva pone de manifiesto la visión patrimonial de la economía que anida entre los más altos responsables.
Es una mirada coherente con el llamado ‘capitalismo de amiguetes’ que permite a los políticos designar desde el BOE a los ganadores y perdedores de una economía falsamente competitiva. Cuando uno de los jugadores decide salirse de su ámbito de influencia, estallan en diatribas sobre el patriotismo.
No cabe discutir que el futuro de Ferrovial solo depende de la decisión soberana de sus accionistas que son los que han comprometido su capital en la empresa. Cabe, entonces, preguntarse, por qué se ha llegado a esta situación. Y la respuesta es que el Gobierno español no ha sido capaz de crear un entorno atractivo, amistoso e imparcial hacia los empresarios.
Desde el poder se designan empresas ganadoras –véase el caso de Indra–, en la que se entremezclan los intereses públicos y privados, o se rescatan compañías de quienes tienen acceso a los círculos de poder. Se abusa, además, de la Agencia Tributaria y del exceso de regulación. Y no hay que olvidar que uno de los socios del Gobierno está permanentemente criminalizando, con nombres y apellidos, a los empresarios más destacados del país.
Es una desgracia que Ferrovial haya tenido que plantearse retirar su sede social del país que la vio nacer, pero es evidente que tiene derecho a decidir autónomamente cuándo y cómo desea ejecutar su expansión global.
ABC
