Los malabarismos que está usando el Gobierno de Pedro Sánchez para mantener a flote su complicada reforma fiscal se parecen cada día más a un mercadillo de ofertas y saldos, en los que unos y otros socios pujan por llevarse la parte del león. El desarrollo de la última sesión de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados causa sonrojo, porque, al final, la institución ofendida por el espectáculo lamentable de los socialistas es la que representa a la soberanía de todos los españoles.
Las artimañas empleadas en la sesión, paralizando una votación a fin de que el PSOE y sus socios de izquierda y nacionalistas pudieran llegar a un acuerdo, no deberían tener cabida en ningún parlamento de una democracia europea. El Gobierno es incapaz de disimular mínimamente sus debilidades parlamentarias, esas que confirman que el pacto con las fuerzas que sostienen al Ejecutivo fue siempre un acuerdo de investidura, jamas de legislatura, como se empeñó Sánchez en repetir entonces y pretende convencernos ahora. La realidad se empecina en demostrar lo contrario.
El próximo jueves, el Gobierno verá si su táctica de sobrevivir engañando y siendo engañado le permite sacar adelante una ley para la que contaba con el apoyo del PP, porque es la transposición de una directiva europea para unificar la tributación a empresas multinacionales y grandes corporaciones. Pero el PSOE siempre pone en venta cualquier iniciativa legislativa, para que ERC, Podemos, Sumar, EH Bildu, PNV, Junts y demás integrantes de la mayoría de investidura expolien un poco más el interés general.
Quizá, con esta reforma fiscal, al Gobierno se le haya ido el asunto de las manos, porque se ha comprometido con unos socios a medidas incompatibles con lo pactado con otros. Por un lado, ERC, Bildu y BNG anunciaron la prórroga del impuesto extraordinario a las empresas del sector de la energía; por otro, y con una diferencia de pocas horas, el Ministerio de Hacienda anunciaba que se mantenía el acuerdo con Junts, por el que se eliminaba ese impuesto. La única duda es saber a quién ha engañado el PSOE.
Al menos, ha conseguido que la reforma llegue mañana al Pleno del Congreso: un alivio breve y agónico para lograr que algún engañado le compre otra promesa. Ha dicho Ione Belarra que «Podemos no acepta tomaduras de pelo». No es cierto.
Podemos y otros aliados ocasionales de Sánchez llevan aceptando las tomaduras de pelo de este Gobierno desde que comenzó la legislatura, porque todos intentan engañarse entre sí. Unos, amenazando con la retirada de apoyos que nunca llevan a cabo; otros, prometiendo amnistías -Puigdemont sigue con órdenes de detención- y cupos fiscales -inconstitucionales y divisivos- de viabilidad dudosa y con plazos indefinidos.
