Europa desconfía de la independencia de nuestra investigación ferroviaria. Te cuento: en 2004 se aprobó una directiva que obligaba a los estados a contar con un organismo independiente que examinara los accidentes ferroviarios. España traspuso la directiva y creó la Comisión para la Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). El problema es que los miembros de la comisión eran nombrados por el ministro y podían ser cesados por el ministro. ¿Independencia?
Bruselas nos abrió expediente sancionador en 2013, pero en el 2014 ocurrió la desgracia de Santiago de Compostela y el gobierno Rajoy se dispuso a corregir el error. Modificó la CIAF declarándola independiente de las autoridades de seguridad y/o mantenimiento. ¿Una mera declaración de intenciones?
Sí. Porque los miembros seguían siendo nombrados por el ministro. Para disimular el maquillaje, los nombramientos debían de ser refrendados por el Congreso que tenía derecho de veto. El silencio se entendía como aprobación. Patada hacia adelante que no terminó de convencer a Bruselas que nos abrió un segundo procedimiento sancionador.
Y llegamos a Adamuz… ¿Qué fiabilidad tiene la CIAF? Poca.
Esto es lo que cuenta un interesantísimo artículo publicado en Actuall por Alberto Serrano, ex concejal del Ayuntamiento de Madrid y funcionario de la Comunidad de Madrid.
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