Mientras Pedro Sánchez volvía a vincular de forma obsesiva y falsa a Isabel Díaz Ayuso con la corrupción, el todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pasaba a ser investigado penalmente por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El motivo de esta decisión del Alto Tribunal es la serie de indicios que apuntan a que García Ortiz desveló ilegalmente las comunicaciones secretas entre la Fiscalía de Madrid y el abogado del novio de Díaz Ayuso.
La resolución del Tribunal Supremo viene precedida y justificada por una investigación desarrollada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que elevó sus resultados a la Sala Segunda porque García Ortiz esta aforado ante este órgano judicial.
El criterio del Supremo se mueve en el terreno de los indicios, como es lo propio de una resolución que abre una investigación penal. Sin embargo, hay una valoración inicial del carácter aparentemente delictivo del comportamiento de Álvaro García Ortiz, en la misma línea de apreciación que siguieron los magistrados del tribunal madrileño. Ahora, el instructor designado por la Sala Segunda será el responsable de decidir qué diligencias de investigación se practican, entre ellas, sin duda, la declaración del fiscal general.
La dimisión es un imperativo ético que García Ortiz no puede eludir. Rechazarla, como lo ha hecho, afirmando que es «lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo» es un insulto a la carrera fiscal, aunque siempre cabe la duda de si la ‘institución’ a la que se refiere es la Presidencia del Gobierno.
Es la oportunidad que se le brinda para liberarse de la sumisión a los intereses políticos de Pedro Sánchez y realizar un gesto de dignidad personal ante una situación insólita en la democracia española.
La relación de dependencia de García Ortiz con La Moncloa, desde donde el titular de Justicia no tiene empacho en cargar ya contra los jueces que lo investigan, no solo ha llevado al fiscal general hasta la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sino que ha comprometido a sus propios subordinados, obligados a revelar secretos y copartícipes de sus presuntos delitos.
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