La huelga de los letrados de la Administración de Justicia, antes llamados secretarios judiciales, es uno de los paros más graves de los últimos tiempos en España, a pesar de que no resulte tan llamativo para la opinión pública como el que mantienen, por ejemplo, los sanitarios en la Comunidad de Madrid.
Tras más de veinte días de huelga en los tribunales de justicia, las cifras hablan por sí solas: más de 160.000 señalamientos suspendidos, más de 550 millones de euros pendientes de destino en diversos tipos de procesos judiciales, 130.000 demandas pendientes de ser asignadas al tribunal competente, el registro del Tribunal Supremo cerrado y más de dos millones de notificaciones telemáticas paradas.
Cada día que pasa, la acumulación de estos efectos aumenta exponencialmente porque la recuperación de fechas para los juicios y vistas suspendidos resulta más complicada y alcanzará dilaciones inaceptables.
La situación previa a la huelga de los letrados de justicia no era satisfactoria, con unas duraciones medias de los procedimientos excesivamente largas, aunque muy diferentes según las poblaciones, incluso entre tribunales del mismo territorio.
La huelga de los letrados de la Administración de Justicia está agravando esta situación lamentable, con una incidencia directa en las expectativas económicas, personales y familiares de miles de ciudadanos, a quienes solo les importa que su pleito se resuelva lo antes posible.
La impotencia y la frustración de los abogados son crecientes y se corresponden con los de sus clientes. Están en juego nóminas, pensiones, indemnizaciones, embargos y todos los problemas que una sociedad genera y pone en manos de los tribunales para que apliquen la ley.
Pero este panorama no debe conducir de manera inexorable a culpar solo a los convocantes de la huelga por los resultados de su paro laboral.
El Ministerio de Justicia está incumpliendo un compromiso adquirido y ha estado echando gasolina al fuego desde el primer momento, con gravísimas acusaciones a los huelguistas. El secretario de Estado, ‘Txontxu’ Rodríguez, les reprochó actuar con motivaciones políticas, aunque realmente nunca las ha concretado. Anteayer mismo, tras casi diecisiete horas de reunión, ambas partes se mantuvieron en sus posiciones inamovibles.
En casos así, con tanto interés público en juego y una huelga tan generalizada, el Gobierno debe asumir una posición constructiva sin dilatar las reuniones con el comité de huelga y evitando declaraciones inoportunas.
Los letrados de la Administración de Justicia, por su parte, no pueden sentirse ajenos a los efectos de su huelga y quizá una revisión de sus propuestas permitiría un acercamiento cada día más necesario con el equipo de Pilar Llop, a la que se acumulan los conflictos por su falta de resolución.
Un ciudadano descontento con la sanidad o la educación públicas puede recurrir a una asistencia y enseñanza privadas. Pero la justicia es un poder del Estado sin sustitución posible, y convertir al ciudadano en rehén de una huelga sin final es injusto.
La Justicia en España no soporta más embestidas, ni puede seguir siendo un foco de malas noticias para el conjunto de la sociedad.
La responsabilidad política de cuanto está sucediendo hay que situarla en quienes, desde el Gobierno y el Parlamento, dan al Poder Judicial un trato vejatorio, que al final acaba socavando el equilibrio entre poderes constitucionales.
El Ministerio de Justicia está viendo a diario la capacidad de movilización de los huelguistas y su incidencia en la vida cotidiana de los españoles. Interpretar este conflicto como un pulso político es un error absoluto y una irresponsabilidad.
Por esto mismo, Llop debe trabajar en una solución justa y rápida de la huelga.
ABC