Más de veinte modificaciones, por la puerta de atrás y al margen del diálogo social con sindicatos y empresarios, ha sufrido la reforma laboral que en 2021 el Gobierno presentó en Bruselas a cambio de un desembolso de 12.000 millones de euros de fondos comunitarios.
Yolanda Díaz ha convertido en papel mojado un documento que comprometía al Ejecutivo y que, en cambio, ha ido adaptándose de manera unilateral a los intereses de los socios del Gobierno, hasta el punto de desembocar en una queja formal, ya anunciada, de la CEOE ante la Comisión Europea.
Aquel ‘proceso de escucha’ con que la líder de Sumar promocionó su plataforma no deja de ser un montaje escénico tras el que ocultar su dirigismo y camuflar una forma de entender la política en la que no cabe el diálogo, sino la imposición.
Legislar en materia laboral al margen de los empresarios no es precisamente lo que propone y financia Bruselas, ni lo que dinamiza un mercado cada vez más lastrado por la intervención pública.
ABC
