El Gobierno, en un alarde de creatividad legislativa, ha decidido darle un nuevo significado al calendario. Según su peculiar concepción del tiempo, los plazos de la Constitución son orientativos, como las fechas de caducidad de los yogures, si se pasan un poco, no pasa nada, mientras no huela demasiado. Qué más da seguir con los de 2023.
La expiración del plazo para presentar los presupuestos se convierte así en un ejercicio de funambulismo político, el país sin cuentas claras, pero con cuentos abundantes. Eso sí, siempre con la promesa de que mañana, o pasado, o quizá en la próxima legislatura, todo estará en orden.
Lo más curioso es que si un ciudadano se retrasa en sus pagos al fisco, el Estado lo persigue con más celo que un sabueso a su presa. Pero cuando es el Gobierno el que incumple nada menos que la Constitución, se habla de “flexibilidad”, “circunstancias excepcionales” o, el comodín favorito, “herencia recibida”.
Mientras tanto, seguimos aprendiendo que la Carta Magna es un texto vivo, tan vivo que se estira, se dobla y se guarda en un cajón cada vez que incomoda. Y que la Constitución no se incumple, simplemente se “interpreta creativamente”.
En resumen: España, un país donde la ley se cumple a rajatabla… salvo cuando estorba a los que la redactan.
Salva Cerezo
