El recuento electoral ha arrojado una realidad no prevista por casi ningún sondeo demoscópico. En la noche de ayer, y en contra de gran parte de los pronósticos y de la inercia previsible tras las elecciones de mayo, el resultado ha frustrado la expectativa del bloque conservador haciendo improbable la composición de una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ha ganado las elecciones, pero los 136 escaños alcanzados por los populares distan mucho de las previsiones realizadas desde Génova.
La suma del PP y Vox queda a 7 escaños de la mayoría absoluta y ni siquiera sumando a otras formaciones políticas como UPN o Coalición Canaria podría alcanzarse una mayoría que hiciera posible un cambio de Gobierno. Por el contrario, el resultado cosechado por Pedro Sánchez supera, con mucho, casi todas las estimaciones y refuerza su liderazgo al frente del PSOE ya que suma dos escaños respecto del resultado obtenido en las elecciones de noviembre de 2019 y llega a los 122 escaños.
El actual escenario plantea una disyuntiva muy poco halagüeña y sitúa a nuestro país en una circunstancia de división casi aritmética. La posible coalición entre el PSOE y Sumar alcanzaría sólo los 153 escaños pero caben pocas dudas de que Pedro Sánchez intentará construir una mayoría capaz de aglutinar a EH Bildu, ERC o el PNV.
A falta de resolver las posibles alianzas, hay conclusiones que se imponen con rotundidad. La primera de ellas es que el Partido Popular no ha sido capaz de capitalizar los excesos cometidos durante los años de gobierno socialista. Ni los indultos de los condenados por el ‘procés’, ni la reforma del delito de malversación o las alianzas con fuerzas separatistas han sido suficientes para desgastar al PSOE.
La estrategia urdida por el presidente Sánchez de convocar elecciones inmediatamente después de las autonómicas y municipales ha surtido efecto y el calendario, atravesado por las negociaciones entre PP y Vox, le permitió crear un contexto favorable para sus intereses.
Los de Abascal también han caído sensiblemente, con especial vehemencia en aquellos lugares en los que ya han gobernado con el PP o en aquellas comunidades donde han prosperado recientemente los pactos. Esta alianza en la derecha y sus consecuencias han podido ser determinantes para la movilización del voto de la izquierda.
España se enfrenta a una situación extraordinariamente delicada en la que gran parte de sus intereses se pueden ver sometidos a una negociación crítica entre Sánchez y los separatistas. La falta de desgaste del PSOE tras años realizando concesiones a formaciones políticas contrarias a la Constitución y la unidad nacional nos permite imaginar que Pedro Sánchez no tendrá problemas a la hora de reeditar su Gobierno a cualquier coste.
Recordemos que sus socios parlamentarios ya adelantaron que, en esta ocasión, elevarían el precio y caben pocas dudas de que el presidente estará dispuesto a pagarlo. Esta expectativa es la peor imaginable y nos arrojaría a una España críticamente dividida, con gran parte del poder territorial en manos del Partido Popular pero con un Gobierno central hipotecado por los intereses de los separatistas.
En estas circunstancias, el sentido de Estado y la lealtad institucional deben prevalecer aunque no será fácil situar el marco negociador en un lugar distinto al de la confrontación entre bloques. Pese a todo, Alberto Núñez Feijóo debe someterse a la investidura y está en su obligación intentar recabar los apoyos necesarios para formar gobierno.
No será fácil y la aritmética parlamentaria resulta endiablada, como es la situación de un país que queda fracturado. En cualquier caso, Feijóo está obligado a cumplir con el mandato de las urnas e intentar gobernar.
ABC