¿Qué significa prioridad nacional?, ¿es legal el principio de “los españoles primero”?, ¿es compatible con el principio de igualdad?
Desde Vox argumentan que la Constitución establece que “todos los españoles somos iguales ante la ley”. No dice “todos los residentes en España somos iguales ante la ley”. Pero, ¿se puede tratar de manera diferente a los residentes en España en función de su origen? La solución la ofreció el mismo portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Quero: exigir 10 años de empadronamiento mínimo.
En realidad, un brindis al sol. Porque tras 10 años de empadronamiento el 100% de los residentes tendrían acceso a la nacionalidad. Es decir, ‘de facto’ exige nacionalidad.
Pero la exigencia de cierto arraigo sería más razonable. Precisamente para evitar la avalancha de personas que sólo vienen a España atraídos por el estado de bienestar. Porque -por ejemplo- las regularizaciones de mayores de 55 años se han disparado muy probablemente ante la expectativa de una pensión no contributiva.
El problema es que quizás ya no sea suficiente. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se exigen dos años de empadronamiento para acceder a ayudas sociales y vivienda pública. Pero el 80% de los beneficiarios de alquiler social tienen apellido extranjero, denuncian desde Vox. ¿Apellido extranjero es igual a extranjero?
Es evidente que tenemos un problema y que aunque en el PP dicen ser conversos es muy probable que sin Vox esa conversión no se habría producido. Pero también es verdad que existe un riesgo de racismo y discriminación.
Lo razonable sería empezar por el principio: evitar el fraude masivo y obsceno. Y repensar el estado de bienestar y su financiación. Ahora resulta que cualquier voluntario de ONG podrá ser agente de regularización. Y podrá otorgar el certificado de vulnerabilidad con el que el beneficiario accederá al ingreso mínimo vital y al blindaje en su alquiler aunque no lo pague. Además, la regularización anulará las órdenes de expulsión.
No es extraño que España sume un tercio del total de nuevos inmigrantes de Europa incluso antes de la regularización.
Como es difícil hacerlo tan descaradamente mal, no cabe sino concluir que el objetivo es el reemplazo poblacional. Por la puerta grande.
Y el plan de fondo es crear una nueva red clientelar. Modelo chavista. Y en ese objetivo se enmarca la ley de abuelos con el objetivo de nacionalizar a 2,3 millones de personas más que podrían engordar el censo de las próximas generales.
España puede convertirse en la nueva Hispanidad, en un Miami 2.0. Pero puede y debe hacerlo con orden y criterio. Todo lo demás es un destructor masivo de convivencia. Lo que ya estamos sufriendo…
En todo caso, la “prioridad nacional” ha llegado para quedarse y será la condición ‘sine qua non’ de Vox para cualquier pacto. También para los presupuestos valencianos. Y desde luego para el eventual gobierno nacional. La propuesta es un arraigo por puntos donde no sólo se valore el empadronamiento. Una especie de “crédito social”..
Luis Losada Pescador (Actuall.com)
